Orellana presentó un recurso ante la Corte Constitucional del país sudamericano donde subrayó que ignorar esta decisión popular amenaza a uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, afecta los derechos de los pueblos indígenas y debilita el Estado Constitucional de Derecho.
“El incumplimiento pone en peligro la supervivencia de los pueblos indígenas y causa daños ambientales significativos”, afirmó en una declaración emitida en Ginebra, Suiza, y divulgada en medios locales ecuatorianos.
El relator destacó que la extracción de petróleo en el área del Yasuní expone a las comunidades indígenas a sustancias peligrosas que afectan su salud y territorio.
Además, instó a la Corte Constitucional a garantizar que su sentencia sea cumplida, aunque el plazo establecido venció en agosto de 2024.
Orellana recordó que el Acuerdo de Escazú obliga a los Estados Partes, incluido Ecuador, a garantizar mecanismos efectivos de justicia ambiental.
“El desarrollo sostenible solo es posible si se respeta la justicia ambiental y los derechos humanos”, enfatizó.
Ecuador sentó un precedente mundial luego de que el 20 de agosto de 2023 el 59 por ciento de la población votara a favor por detener la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní, ubicadO en la Amazonía.
La Corte Constitucional dio a esta decisión un plazo final de cumplimiento hasta agosto de 2024, pero el gobierno ecuatoriano decidió cerrar los pozos paulatinamente.
Según el plan, a partir de 2025, serán desmantelados 48 pozos por año.
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