La audiencia de apelación se realizó la víspera en medio de polémicas por la filtración de un video del expediente del caso, pero se espera este jueves la decisión final.

En las imágenes, divulgadas por el abogado Jesús López, se observa a dos personas saliendo de un puente y acercándose a otra, que intenta evitarlas.

López sugirió que los niños podrían haber estado involucrados en actividades sospechosas antes de su detención, pero la Fiscalía aclaró que este material no cambia el rumbo de la investigación.

El abogado Fernando Bastias, representante de las familias de los chicos, indicó que la grabación no aporta elementos distintos a los ya investigados ni tampoco cambia una “detención arbitraria” de la que no existió informes o notificación a autoridad superior.

“El video solo busca generar dudas en la opinión pública”, consideró Bastias.

El 8 de diciembre de 2024, los cuatro menores fueron arrestados en un operativo militar y luego trasladados a la parroquia Taura, en el cantón Naranjal, donde habrían sido torturados y desaparecidos.

Los cuerpos calcinados de Ismael y Josué Arroyo (de 15 y 14 años), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) fueron hallados el 24 de diciembre en una zona remota.

Los uniformados ligados al hecho guardan prisión en la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, desde el 31 de diciembre de 2024, cuando se formularon cargos en su contra, y se abrió un periodo de 90 días de instrucción fiscal.

La resolución judicial de este jueves será clave en un proceso que ha puesto en el centro del debate el uso de la fuerza por parte de los militares en el contexto del estado de excepción y declaratorio de conflicto armado interno.

Entretanto, la Asamblea Nacional tiene pendiente el debate de un informe que recomienda el juicio político al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, por su papel tras el crimen contra los cuatro niños del barrio guayaquileño Las Malvinas.

El documento, elaborado por la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, concluyó que Loffredo incurrió “en acciones que van en contra de sus atribuciones y obligaciones al no garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su deber”.

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