Pocos minutos después de difundido el suceso ocurrido durante la tarde de ayer, que prácticamente sentenció de muerte a la propuesta impulsada por el Gobierno y que fue aprobada en octubre pasado por la Cámara de Representantes, diferentes colectivos integrados fundamentalmente por jóvenes protestaron en la sede del Legislativo.
En tanto, el Comando Central Unitario de Colombia, integrado por tres centrales obreras y dos confederaciones de pensionados, convocó a marchar el próximo 18 de marzo.
Según comunicó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, a las organizaciones sindicales se sumarán los participantes a la Asamblea Nacional Popular, que se reunió en septiembre pasado a favor de las reformas sociales, la paz total y la unidad.
“Estamos convocando a una amplísima movilización en todo el país de rechazo y de protesta a esta decisión que hunde la reforma laboral que se hizo para recuperar derechos”, exclamó.
Comentó que lo sucedido en el Congreso es la respuesta desafortunada de la extrema derecha del uribismo, -en referencia a los seguidores del exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010)-, y de la tecnocracia frente a los reclamos insistentes de la población.
Otro anuncio realizado horas más tarde por el presidente, Gustavo Petro, acabó de estremecer a la opinión pública del país en torno al tema.
El mandatario comunicó que el Gobierno convocará a una consulta popular para que el pueblo decida sin intermediarios si desea la aprobación de las reformas sociales impulsadas por su administración, en este caso la laboral y la de salud.
Como parte de una alocución televisada, el mandatario pidió asimismo a los campesinos, a los indígenas y a los obreros pronunciarse en defensa de sus derechos.
“La consulta popular para las reformas sociales empieza ya con la movilización callejera. El pueblo es la base de la soberanía, de la institucionalidad y de la democracia. Le toca al pueblo romper el bloqueo institucional que es la dictadura contra el voto popular”, afirmó.
Señaló que si bien la Cámara de Representantes aprobó las reformas promovidas por su Gobierno, luego estas enfrentan obstáculos en el Senado por parte de congresistas «viciados por la codicia porque reciben dinero de quien se lo quita a la ciudadanía».
Insistió entonces en la existencia de un bloqueo institucional de parte del Congreso contra la voluntad popular que se manifestó en el estallido social y en las elecciones de 2022, que lo eligieron como mandatario.
La solución, según planteó, no es irse a casa y dejar que se burlen del voto popular.
En cambio, manifestó que el país tiene que seguir adelante con esperanza y con alegría, en tanto en Gobierno no se rendirá en su intención de sacar adelante las reformas.
“Hemos buscado alternativas constitucionales. Que sea el pueblo el que decida si quiere las reformas, es el pueblo el que debe decidir”, sentenció el jefe de Estado.
Aseguró además que bajo su mandato se busca convertir a la salud en un derecho, dotar a trabajadores de dignidad y garantizar un bono pensional para los ancianos.
El mandatario reveló que el texto de la consulta popular, cuya confección debe estar lista en los próximos días, debe ser evaluado por la plenaria del Senado.
Aseveró en este punto que si se le niega la posibilidad al pueblo de participar en el proceso se estaría condenando a la paz.
De las reformas promovidas por el Gobierno Petro, solo la pensional se aprobó en el Congreso durante el pasado año.
La decisión de los ocho legisladores de radicar una ponencia de archivo contra la laboral prácticamente sentencia de muerte al proyecto de ley.
El temor de que la segunda versión de la reforma a la salud radicada en el Legislativo corra la misma suerte está latente debido a que esta tiene que ser discutida por los mismos congresistas que rechazaron la laboral.
En la Comisión Séptima del Senado fue justamente donde en abril del año pasado naufragó la primera variante de la iniciativa, que buscaba modificar el sistema de atención médica en el país.
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