Según la norma publicada en Gaceta Oficial, la nueva condición estará bajo administración del Ministerio de Seguridad y el Servicio Nacional de Migración y autoriza a los indocumentados que hayan permanecido en el istmo por un periodo no menor de un año, desde la entrada en vigencia del decreto, acceder a un permiso laboral en conjunto con su residencia.

El documento también aclara que: «En la eventualidad de que el solicitante haya salido del país durante ese año, no puede haber permanecido más de sesenta días consecutivos fuera del territorio nacional».

«El fenómeno de la movilidad humana ha planteado retos significativos para los países de origen, tránsito, destino y retorno, especialmente en lo que respecta a la protección y garantía de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, en estricto cumplimiento con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos», señala el documento oficial, que reconoce el aumento considerable de esta situación en los últimos años.

Entre las causas que han impulsado este fenómeno migratorio, el decreto menciona la pobreza extrema, la falta de oportunidades, desigualdades económicas, conflictos armados, persecuciones políticas y desastres naturales.

Para acceder a este beneficio, los extranjeros deberán cumplir con varios requisitos, entre ellos, presentar solicitud mediante apoderado legal, certificado de salud expedido por profesional idóneo, antecedentes penales de su país y no tener trámites migratorios vigentes, así como copia del registro de mano de obra migrante solicitado ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

El beneficio tendrá una validez inicial de dos años, permitiendo a los mayores de 18 años residir y trabajar legalmente en Panamá durante ese periodo, cumpliendo con las obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social correspondientes.

Transcurrido este periodo, los migrantes podrán solicitar una prórroga por seis años adicionales y, posteriormente, aplicar para obtener la residencia permanente en el país bajo diferentes modalidades.

La víspera, unos 64 migrantes irregulares deportados desde Estados Unidos que se niegan a retornar a sus países de origen fueron trasladados a un nuevo albergue, esta vez bajo la tutela de un colectivo de organizaciones católicas.

El peregrinaje de este grupo comenzó a mediados de febrero, cuando un total de 299 llegaron en tres aviones desde Estados Unidos en el marco de un acuerdo que convirtió a la nación centroamericana en país «puente» para su repatriación.

De ellos, 187 retornaron o esperan regresar a sus países de manera «voluntaria», según las autoridades panameñas, y 112 rechazaron hacerlo, temerosos muchos de ellos por sus vidas.

Al grupo lo alojaron primero en el hotel Decápolis, en esta capital, y a los que rechazaron ser repatriados los trasladaron luego a un albergue a más de 200 kilómetros, próximo a la selva del Darién, la frontera natural con Colombia.

Tras la decisión la semana pasada del Gobierno de otorgarles un permiso temporal humanitario por 30 días, prorrogables hasta 90, para encontrar una salida a su situación, los llevaron de regreso a la capital, aunque ahora sin ningún tipo de respaldo logístico.

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