El presidente del país, Gustavo Petro, declaró que la jornada del martes será un día cívico para que la clase trabajadora pueda salir a protestar y reclamar sus derechos en respuesta a la firma por parte de ocho congresistas de la Comisión Séptima del Senado de una ponencia de archivo que constituye la antesala del hundimiento del proyecto de ley.

“Con la alegría en el corazón y la verdad en la cara como bandera. Mañana es de alegría y de fiesta. Mañana es día del pueblo, el de la sonrisa ancha del trabajador. Del que siempre lucha”, escribió hoy más temprano el mandatario en su cuenta de la red social X.

De acuerdo con el jefe de Estado, la movilización marcará la primera acción de todas las que formarán parte de la convocatoria a una consulta popular para que la población decida sin intermediarios, según apuntó el gobernante, si está o no de acuerdo con las reformas propuestas por su Gobierno.

El presidente decidió invocar ese ejercicio de participación ciudadana tras alegar que el Ejecutivo ejerce un bloqueo institucional ante las propuestas nacidas del Ejecutivo para reivindicar los derechos sociales.

Hasta la fecha, de todas las iniciativas presentadas al Legislativo por parte del Gobierno solo se aprobó el año pasado la reforma pensional, cuya aplicación está igualmente amenazada tras la presentación de una ponencia en su contra ante la Corte Constitucional por la legisladora opositora Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático.

La reforma a la salud pende también de un hilo porque su avance hacia la Plenaria del Senado depende de la anuencia de la Comisión Séptima, donde naufragó una propuesta similar en 2024, y a la que pertenecen los mismos congresistas que ahora frenan la laboral.

A finales del pasado año el hundimiento de la ley de financiamiento en el Senado reveló que ante el Gobierno de Petro el Congreso actúa de manera cuanto menos polémica, sobre todo una vez que se se conoce que a la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) le aprobaron cuatro proyectos tributarios y tres a la de Iván Duque (2018-2022).

En las movilizaciones que se celebrarán en los 32 departamento del país confirmaron ya su participación el Comando Central Unitario de Colombia, integrado por tres centrales obreras y dos confederaciones de pensionados y otras organizaciones sindicales como la Federación de Educadores.

También habrá una amplia representación de los pueblos originarios y se espera que al menos mil 500 indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca lleguen a Bogotá.

La propuesta que genera las movilizaciones busca establecer una jornada máxima laboral de ocho horas diarias y 42 horas semanales.

Determina que el tiempo extra laborado no puede exceder las dos horas diarias y las 12 semanales, en tanto se estipula un recargo del 35 por ciento para quienes laboren de noche.

Otra de las disposiciones de la iniciativa establece que aquellos que trabajen en su día de descanso ganarán el doble por cada hora laborada.

Tomando en cuenta su contenido, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Comisión Séptima del Senado continuar el debate en torno al proyecto, por considerar que está orientado a crear herramientas para avanzar en la garantía, respeto y protección del derecho al trabajo.

Pese a que Petro declaró la jornada de mañana como un día cívico, algunos mandatarios regionales como el de Bogotá, Carlos Fernando Galán; de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Montería, Hugo Kerguelén, anunciaron que no se sumarán al llamado.

Ante esto, el jefe de Estado calificó a los funcionarios como “alcaldes del dinero queriendo amenazar al pueblo”.

En cualquier caso, la respuesta que asuma mañana la población y el éxito que pueda tener una eventual consulta popular devendrá asimismo en un avance de lo que podría esperarse para el año venidero cuando habrá elecciones generales.

El presidente está consciente de la importancia de ambos ejercicios para la legitimidad y continuidad del progresismo.

“Me arriesgo. Pongo el gobierno en manos del pueblo”, sentenció en uno de sus trinos.

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