El exparamilitar, devenido en gestor de paz según lo nombró el actual mandatario Gustavo Petro, narró que durante su encarcelamiento en Estados Unidos, adonde fue extraditado en 2008 por narcotráfico, contactó a la senadora fallecida Piedad Córdoba porque se pretendía ocultar los crímenes de guerra cometidos por las AUC en connivencia con el Estado.

“Con nosotros habían extraditado la verdad porque relacionamos la responsabilidad del Estado colombiano y de funcionarios del Estado”, declaró.

Añadió en su testimonio que los amigos del pasado se habían convertido en los enemigos del presente.

“Por eso buscamos a la senadora Piedad Córdoba, quien se atrevía a dar una lucha de estas, que no era vergonzante y la invité a que nos visitara. Por eso ella nos responde que va a pedir permiso para visitarnos”, relató.

Aseguró que a la comisión del Senado que acudió la cárcel, y de la que eran parte Córdoba y el aún congresista Iván Cepeda, les comentó que la “seguridad democrática” proclamada por el presidente Uribe funcionó porque la AUC estuvo todo el tiempo detrás de ella.

Por otra parte, afirmó que su compañero de celda, Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra, se reunió con ese equipo a principios de 2009 y que les manifestó su temor de declarar en contra de políticos relacionados con las fuerzas paramilitares debido a que su familia permanecía en Colombia.

Sierra también testificó en el caso de Uribe la pasada semana y negó que hubiera tenido reuniones con el exmandatario y, en cambio, arguyó haber sido presionado por Iván Cepeda y Piedad Córdoba para declarar en contra del expresidente.

Ante esta afirmación, Cepeda, que está acreditado como la principal víctima del caso, declaró que el relato del hombre estaba “plagado de olvidos y mentiras”.

El juicio penal que se celebra en el Juzgado 44 de esta capital es el primero de su tipo realizado contra un exgobernante en la historia del país.

Desde el pasado 10 de febrero, cuando comenzaron las audiencias orales, han sido interrogados una decena de personas por la Fiscalía.

La parte acusadora busca probar que Uribe ofreció prebendas a cambio de que el testigo estrella del caso, Juan Guillermo Monsalve, modificara sus declaraciones sobre una supuesta relación entre el exgobernante y las estructuras paramilitares.

La defensa del exjefe de Estado, por su parte, alega que las acusaciones de soborno son patrañas.

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