Así lo manifestó la portavoz presidencial, Claire Castro, durante una conferencia de prensa cuando le mencionaron el incremento de solicitudes internas y externas para regresar a ese organismo, del que fue retirada en 2019, por el entonces presidente Rodrigo Duterte.

Precisamente, la Policía de Filipinas arrestó el pasado 11 de marzo al exmandatario, en cumplimiento de una orden de la CPI, donde le acusan de crímenes contra la humanidad relacionados con su sangrienta guerra contra las drogas y cometidos cuando el país todavía era miembro de ese tribunal.

El político, de 79 años de edad, fue trasladado desde esta capital a la sede de la CPI, en La Haya, Países Bajos.

La investigación de la CPI gira en torno a la mortífera guerra contra el narcotráfico desplegada por Duterte cuando era alcalde de Davao, una ciudad de 1,7 millones de habitantes en la isla de Mindanao, en el sur de este archipiélago, considerada una de las urbes principales del país.

Hace seis meses, el exmandatario confesó haber dirigido un escuadrón de la muerte a fin de combatir la delincuencia y acabar con el crimen.

Para desplegar su guerra contra las drogas, dijo textualmente que hizo lo que tenía que hacer.

Duterte fue alcalde de Davao un total de 22 años en tres etapas: 1988-1998, 2001-2010 y 2013-2016, en ese último año se convirtió en presidente de la nación hasta 2022.

La urbe de Davao pasó de estar en la lista de las ciudades más peligrosas de Filipinas a ser una de las más seguras y el dirigente lo imputó a su política de tolerancia cero con la delincuencia.

Tal estrategia implicaba numerosas violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes.

“No cuestionen mis políticas porque no ofrezco disculpas ni excusas. Hice lo que tenía que hacer y, lo crean o no, lo hice por mi país”, declaró Duterte en una audiencia ante el Senado filipino, en octubre de 2024.

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