Hace varias semanas y ante el clamor de oposición popular contra la eliminación de una norma que prohibía la minería metálica por sus efectos negativos para la vida, la Conferencia Episcopal anunció una campaña nacional para alcanzar al menos un millón de rubricas para apoyar el reclamo.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, anunció el fin de semana que entregarán a la Asamblea Legislativa las firmas recolectadas para solicitar la derogación de la Ley General de la Minería Metálica.
«No haremos marcha, sino que llegaremos directamente al portón de la Asamblea, para entregar las firmas. No se las entregaremos por medio de alguno de los señores diputados, sino que serán entregadas en la ventanilla de la Asamblea», precisó el prelado en un video difundido en la cuenta de YouTube de la televisión Católica.
A la solicitud de firmas se sumaron organizaciones sociales, académicos, científicos y pobladores que ya enfrentan las secuelas de anteriores extracciones de minerales del suelo salvadoreño.
“Esta es una acción pastoral que hacemos sin ningún interés político partidista o de ideologías, ni tampoco por intereses de grupos de poder, sino que nos mueve únicamente el bien del pueblo, principalmente el bien de los más vulnerables», dijo el arzobispo en su mensaje.
La llegada a la Asamblea estará acompañada de «obispos, sacerdotes, religiosos y hermanos laicos de todo el país, para representar a toda la iglesia», sin embargo, el arzobispo invitó a la población a unirse a esta solicitud.
Luego de su aprobación el 23 de diciembre de 2024 a solicitud del gobierno, la Ley General de la Minería Metálica fue blanco de continuos ataques de sectores de la sociedad que alertan sobre los peligros para la vida y la contaminación de las fuentes hídricas del país.
Pese a que el discurso oficial sostiene que la nueva iniciativa contempla medidas para aprovechar de manera racional y sostenible los recursos minerales del país, tales como la prohibición del uso de mercurio, existen señalamientos que consideran a la nueva reglamentación como un peligro.
Según Andrew McKinley, experto en temas de agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la baja concentración de minerales en el subsuelo salvadoreño hace inviable una extracción rentable y sostenible, además de las posibles afectaciones a millones de personas en zonas vulnerables.
La aprobación de la ley minera se realizó ignorando el clamor de la mayoría de la población salvadoreña, la cual la rechaza pese a la insistencia del presidente Nayib Bukele de impulsarla con la idea de alcanzar “un milagro económico”.
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