En declaraciones a la prensa, el alto funcionario precisó que este lunes en un avión privado, sin precisar la hora, el exgobernante abandonará el istmo rumbo a Managua, en cuya embajada aquí permaneció como asilado político desde el 7 de febrero de 2024.
Martinelli fue condenado en 2023 a más de 10 años de cárcel acusado de blanqueo de capitales en el caso New Business por la compra de una editora con recursos públicos, y el pasado jueves recibió el salvoconducto por el Gobierno.
Según Fernández, la notificación de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en contra del exmandatario no va a interrumpir el protocolo que finaliza mañana de acuerdo con el plazo dado por el Ejecutivo para que se acoja a ese beneficio.
Sin embargo, Luis Eduardo Camacho, secretario general del partido Realizando Metas, del cual Martinelli es su presidente fundador, dudó de esa advertencia, pues según aseveró “A los asilados políticos no se les puede establecer alertas rojas”.
A juicio del también diputado, cuando el exmandatario salga por la puerta de la legación diplomática nicaragüense , en esta capital, acompañado de su máxima representante, Jesica Padilla, debe tener la custodia hasta el aeropuerto de los estamentos de seguridad, que lo van a escoltar a partir de ese momento.
La seguridad física, integralmente, de Ricardo Martinelli es responsabilidad del Estado panameño, hasta que aborde el avión y despegue, agregó.
En torno a la alerta de Interpol, Camacho subrayó que este tema no ha sido planteado de la mejor manera posible, ni de la más responsable, así como que hay que averiguar “que tan cierto” es que existe la alerta.
El otorgamiento del permiso de salida a Martinelli provocó en el istmo reacciones contrarias.
Para Olga De Obaldía, directora ejecutiva de Libertad Ciudadana, Capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, el salvoconducto es un golpe al Estado de Derecho y una muestra de la impunidad en Panamá.
Por su parte, el diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, se mostró a favor de la decisión de la cancillería, pues el país que otorgó el asilo, o sea Nicaragua, es el que califica si hay política o no para darlo.
También el abogado Alejandro Pérez, miembro del equipo legal de Martinelli, indicó que su expectativa era un permiso para que el multimillonario recibiera atención médica, debido a problemas de salud.
La estadía de Martinelli en la embajada nicaragüense ha sido cuestionada porque de manera frecuente emitía juicios sobre la política nacional, lo cual contraviene las normas internacionales de asilo.
La anterior administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) negó el salvoconducto para permitir la salida de Martinelli alegando para ello lo dispuesto en el Artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933, dijo entonces un comunicado oficial.
Martinelli también se enfrenta en Panamá una acusación de lavado de dinero por el caso Odebrecht, el mayor proceso judicial por corrupción en la historia de Panamá.
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