Hasta la fecha, al menos dos peticiones llegaron a la corte, con el objetivo de suspender o reducir las sanciones de los involucrados en la invasión y depredación de los edificios públicos.

La revisión penal se considera apropiada para sentencias ya transitadas en firme (es decir, de las cuales no cabe más recurso), siempre que el condenado presente nuevas pruebas que justifiquen la reapertura del proceso.

Según la estación televisiva CNN Brasil, las demandas están bajo el informe de los ministros Edson Fachin y Flávio Dino.

Como el relator de las acciones del 8 de enero es el ministro Alexandre de Moraes, él queda fuera del sistema de sorteo en estos casos.

El fiscal general Paulo Gonet se manifestó contra el procesamiento de las revisiones penales.

De acuerdo con Gonet, las alegaciones hechas por las defensas de los condenados no son suficientes para revertir o aliviar los veredictos impuestos por el STF.

La primera petición fue hecha por Lucinei Hilebrand, detenida el día de los actos criminales y condenada a 14 años de prisión.

Su defensa alega que no hay pruebas de su participación el 8 de enero, pero ella misma admitió, en testimonio, haber ingresado al Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en Brasilia.

El otro es de Juan Lucas Giffoni, detenido en el Senado y también condenado a 14 años de cárcel.

Los abogados de Giffoni argumentan que su defendido no tuvo acceso a las cámaras del Congreso Nacional para refutar la imputación. En su celular, sin embargo, se encontraron videos que demostrarían su participación.

CNN asegura que, en los bastidores del Supremo, la evaluación es que las solicitudes de revisión penal tienen pocas posibilidades de prosperar, aún más bajo el informe de Fachin y Dino, que se alinearon con De Moraes en la dosimetría (definir) rigurosa de las penas.

La emisora detalla que la dosimetría es un tema que permeó los debates de los mundos político y jurídico, especialmente después que el ministro Luiz Fux, del STF, señaló considerar exacerbado algunos de los castigos.

El Partido Liberal, que tiene como su líder (no timonel) al exmandatario Jair Bolsonaro, presionó al titular de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, para guiar el proyecto de ley que amnistiará los crímenes del 8 de enero.

Motta todavía evalúa cómo proceder. Se considera la idea de instaurar una comisión especial, en lugar de orientar el proyecto directamente en pleno, y la decisión se tomará a finales de abril.

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