Las mociones apuntan a los titulares de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez; Educación, Morgan Quero; Salud, César Vásquez, y Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga.

Las mociones fueron presentadas ayer, al día siguiente de que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, manifestó su molestia por la aprobación de su interpelación, que se concretara el 9 de abril, y dijo que ante medidas de ese tipo, el Ejecutivo considerará todas las herramientas que permite el equilibrio entre poderes.

Entre esas medidas, mencionó una cuestión de confianza cuya negación por el Parlamento significaría la renuncia colectiva de todo el gabinete ministerial y, de repetirse dos veces, el Legislativo sería disuelto, aunque esta opción ha sido debilitada por el Congreso.

Los argumentos de los pliegos interrogatorios incluyen duros cuestionamientos a lo que consideran falencias o graves problemas de los miembros del Gobierno y de la presidenta Dina Boluarte-

Las nuevas mociones de interpelación, aprobadas con una celeridad inusual, están pendientes de un debate y una votación previos sobre su aceptación por el pleno que, de aceptarlas, fijará las fechas de los interrogatorios.

La moción planteada para el titular de Transportes plantea interpelarlo sobre la larga demora de la puesta en funcionamiento del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez de Lima, originalmente prevista para diciembre pasado, y otros temas menores.

El interrogatorio al ministro de Educación tiene como principal tópico un informe sobre las medidas tomadas por la violación masiva de niñas indígenas en escuelas de una comunidad amazónica.

El titular de Salud, a su vez, deberá responder preguntas sobre la reciente muerte de cuatro pacientes a los que se les administró suero fisiológico en mal estado en clínicas privadas, producto cuya calidad debe ser verificada por una dependencia de ese ministerio, por lo que Vásquez es considerado responsable político.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social deberá responde sobre la intoxicación de más de medio centenar de colegiales por la ingestión de alimentos en mal estado, suministrados por un programa de alimentación escolar.

Las interpelaciones fueron precedidas por la reciente censura y consiguiente cese del hasta entonces ministro del Interior, José Luis Santiváñez, respaldado a ultranza por Adrianzén y la presidenta Boluarte, debido a que la mayoría parlamentaria consideró que fracasó frente al grave problema de la criminalidad desbordada.

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