El Ministerio Público añadirá las confesiones de esas personas y los argumentos de dichos textos a la referida denuncia, relacionada con un contrato para instalar una estrategia de comunicación en la Casa Presidencial, agregó el Canal Teletica.com.
La acusación está basada en el artículo 355 del Código Penal, que define la concusión como el abuso del cargo por un funcionario para obligar o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, lo cual se castiga con penas de hasta ocho años de prisión, añadieron las fuentes.
Los cargos alegados por Díaz en su demanda ante la Corte Suprema de Justicia están vinculados a la contratación por 405 mil 800 dólares para la citada estrategia de comunicación de la Casa Presidencial, financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Según la Fiscalía, las argumentaciones de los nuevos testigos y documentos complementan el vínculo de la acusación con un presunto esquema delictivo para inducir al productor Christian Bulgarelli, quien suministró al gobierno los mecanismos informáticos, a pagar una suma en efectivo a Federico Cruz, allegado de Chaves y su exasesor de imagen.
El legajo acusatorio entregado por el fiscal general, Carlo Díaz, a la Secretaría General de la Corte Plena, del cual Teletica.com reveló tener una copia, insiste en solicitar el desafuero (levantamiento de inmunidad) al presidente y al ministro, y el consecuente juzgamiento de los dos ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La demanda fue entregada a la Corte Plena bajo el expediente 25-000019-0033-PE, para que los magistrados evaluaran trasladar la solicitud a la Asamblea Legislativa, órgano competente para levantar la inmunidad de los dos gobernantes, agrega, por su parte, el periódico Delfino.cr.
La compra de los servicios para la estrategia de comunicación y monitoreo de redes sociales para la Casa Presidencial fue asignada a la empresa RMC La Productora S. A., propiedad de Bulgarelli, poco después de que Chaves asumiera la presidencia en mayo de 2022.
El diario Delfino.cr, por su parte, asegura que la tesis de la fiscalía se apoya en unas grabaciones de audio de la Presidencia sobre ese tipo de contacto entre las partes tras la toma de posesión de Chaves.
La figura delictiva de concusión está contemplada en el Código Procesal Penal, y establece, además, la suspensión de la acción penal contra un imputado, cuando este promete esclarecer el hecho investigado y proporcionar información útil para probar la participación de otros encartados.
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