“Estamos realizando las últimas actividades de investigación, para establecer la participación de las personas que hubieren coadyuvado a la comisión de los hechos. Estimamos que a mediados de febrero podamos presentar la acusación”, sostuvo William Alave, fiscal departamental de La Paz.
Informó en declaraciones a la Cadena A que, como avance, en este expediente son imputadas 15 personas, tres de ellas detenidas preventivamente.
El expediente denominado “Coimas millonarias” fue activado tras una denuncia del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, que inició las pesquisas desde enero de 2023 y formalizó su acusación ante el Ministerio Público.
Como principal acusado comparece Santos, quien según la investigación preliminar junto a su círculo de subordinados realizó movimientos económicos millonarios con el objetivo de adquirir bienes inmuebles y vehículos.
Las presuntas compras se habrían realizado con recursos procedentes del cobro de coimas a empresas que se adjudicaron obras.
Además del exministro, aparecen involucrados los exfuncionarios de esa cartera Alexander S.S. y Viviana B.; el exvicetitular Carmelo Valda, el exdirector de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Programas, Ricardo A.B., y la extestigo “clave”, Claudia C, entre otros.
Santos fue imputado por el delito de enriquecimiento ilícito tras los elementos acopiados por la Fiscalía, entre los cuales resaltan las transferencias bancarias que realizó a su sobrino por un monto de 297 mil 435 bolivianos (más de 42 mil dólares) quien, a su vez, traspasó 98 mil 557 bolivianos (14 mil dólares) en favor de Viviana B. y otros.
La aprehensión del extitular por presunta corrupción confirmó la política de tolerancia cero del Gobierno nacional ante esas actividades ilícitas, según la viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos.
Ríos confirmó que en el contexto de la lucha contra la corrupción las investigaciones sobre el denominado caso Coimas millonarias tienen un avance significativo basado en datos de información bancaria.
Explicó que este expediente fue activado luego de conocer publicaciones en las redes sociales en el mes de enero de 2023, por lo cual se iniciaron los requerimientos sobre propiedades a Derechos Reales y a la oficina de control de la propiedad de vehículos.
El 15 de febrero, una denunciante contactó con el Viceministerio y entregó “información parcial” para que el Ministerio de Justicia indagara, por lo cual se solicitó un reporte bancario que llegó de manera amplia el 15 de marzo del año pasado.
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