La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, lamentó la decisión de los parlamentarios de oposición, pero aseguró que no dejarán de dialogar con ellos y esperan seguir avanzando.
Sabemos que estos temas provocan tensión en la política, pero tenemos un objetivo común y es que la calidad de vida de las personas mejore, dijo Jara.
Pese a la ausencia de los diputados de la coalición conservadora Chile Vamos, la comisión aprobó algunos puntos del proyecto, como el que establece el fin del actual sistema de capitalización individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como el único en el país.
Tras el comienzo del año, el Gobierno anunció su decisión de tramitar con suma urgencia la reforma destinada a incrementar las jubilaciones, que permanece estancada en el Congreso Nacional desde noviembre de 2022.
El propósito del Ejecutivo es que la iniciativa avance en la Cámara de Diputados en 15 días y sea enviada al Senado antes del receso legislativo de febrero, pero persisten notables diferencias al interior del Parlamento.
Las principales discrepancias con la derecha radican en el destino del seis por ciento adicional que deben aportar los empleadores para elevar el ahorro previsional por trabajador a 16 puntos porcentuales.
En ese sentido, la nueva propuesta del Ejecutivo plantea dedicar tres por ciento a un seguro social, otros dos a las cuentas de capitalización individual de cada empleado y el restante a fortalecer el empleo de las mujeres.
La oposición, sin embargo, insiste en que todo el aumento vaya directo al fondo de ahorro individual, lo cual significaría una cuantiosa inyección de capital a las AFP, encargadas, como su nombre lo indica, de controlar ese dinero para su propio beneficio.
Desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) las cotizaciones de los trabajadores son manejadas por las AFP, que lucran con los fondos bajo su cuidado y obtienen cuantiosas ganancias, pero pagan cantidades muy bajas a sus afiliados.
Según datos oficiales, el 72 por ciento de los retiros en el país son inferiores al salario mínimo y uno de cada cuatro jubilados recibe un monto por debajo de la línea de pobreza.
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