Según confirmó el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, la nación deposita su esperanza en una reunión que tendrá la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) en febrero, donde 40 delegados de las distintas federaciones decidirán qué territorio será el anfitrión del certamen.
Declaró el funcionario a W Radio que esta constituye la última esperanza para retener los Juegos, para la cual no se exige el pago de las cuotas de diciembre y enero que son de cuatro millones de dólares cada una.
El pasado 3 de enero, Panam Sports informó que la ciudad de Barraquilla (nororiente) perdió la oportunidad de celebrar el evento debido a un incumplimiento con los pagos.
Alegó la entidad que las autoridades del país suramericano enviaron una carta con fecha 25 de octubre donde solicitaron una prórroga en los plazos para cumplir con el contrato contraído, previstos para los días el 30 de diciembre de 2023 y 30 de enero de 2024.
Comunicó además que ante la nula respuesta una vez cumplido el nuevo término, el Comité Ejecutivo, con fecha 3 de enero de 2024, tomó “la determinación indeclinable, de retirar el derecho de ser la ciudad sede de la cita continental de 2027”.
La confusión reinó entonces en Colombia cuando el Ministerio de Deportes divulgó que la decisión no respetaba el arreglo acordado entre las partes.
De acuerdo con esa cartera, en conversación con Neven Ilic, presidente de Panam Sports, la ministra Astrid Rodríguez llegó a un trato para efectuar el pago total de ocho millones de dólares en enero de 2024, en tanto existía una dificultad de hacerlo durante la vigencia de 2023.
Según adujo la cartera, Panam Sports envió una carta al presidente del Comité Olímpico Colombiano manifestando la decisión unilateral de retirar la sede y, contrario a lo acordado con el Ministerio, de rescindir el contrato y cancelar la realización de los Juegos Panamericanos de Barranquilla.
Reafirmó que el “Gobierno Nacional mantiene su firmeza y determinación en cumplirle al país con la realización de los Juegos, adelantando la gestión y los trámites para los desembolsos destinados para este fin”.
En tanto, la Procuraduría General de la Nación requirió a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, para que informe detalladamente qué ocurrió con el presunto incumplimiento del contrato y con el fin de deslindar responsabilidades en torno al suceso.
En el oficio enviado a la titular de Deportes se le hacen varias solicitudes con referencia a la cancelación del evento internacional, y se le pide “informar las razones que llevaron al mismo y las consecuencias económicas o de cualquier otro tipo, que se pueden generar para el país y para los deportistas colombianos”.
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