Como signatario de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Ecuador debe adherirse a la iniciativa sudafricana de manera oficial y respaldarla para que Israel rinda cuentas por las gravísimas vulneraciones de derechos cometidas contra el pueblo palestino, señala la misiva a la cual tuvo acceso Prensa Latina.
En el texto dirigido a la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, María Gabriela Troya, una docena de líderes de organizaciones civiles afirman que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de actuar y enviar el mensaje de que los crímenes de guerra y de lesa humanidad, no quedarán impunes.
La carta está firmada por representantes de la Alianza Latinoamericana contra el Apartheid y el Genocidio en Palestina, la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, y el Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo S.J.
A ellos se suman líderes del Colectivo de Derechos Humanos Kinty Ñan, del Colegio de Abogados de Pichincha, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, del Comité Unitario de Solidaridad con Palestina, de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, entre otros.
El pasado 29 de diciembre, Sudáfrica denunció oficialmente a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por actos de carácter genocida que comete con la intención específica «de destruir a los palestinos en Gaza”.
Pretoria solicitó a la CIJ que indique medidas provisionales para proteger contra daño severo e irreparable a los derechos del pueblo palestino bajo la Convención sobre Genocidio.
La primera audiencia tendrá lugar el 11 y 12 de enero y otras naciones ya anunciaron su apoyo al procedimiento.
Cifras oficiales estiman que los bombardeos a la Franja de Gaza, inicaidos el 7 de octubre de 2023, han dejado casi 23 mil muertos y más de 58 mil heridos, mientras un 90 por ciento de la población ha sido forzosamente desplazada.
jha/avr
