Dichas declaraciones fueron realizadas durante la primera jornada de análisis en comisiones del proyecto llamado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el cual establece la emergencia económica, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
Además, señala que dicho período podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo por un plazo máximo de dos años y dispone la privatización de empresas y sociedades estatales, entre otras acciones.
Quieren ponerse por encima de las normas constitucionales y apoyar un régimen de excepción en un estado policial. Reforman el Código Penal pues necesitan los instrumentos para acallar la protesta social y vulnerar los principios y garantías de los ciudadanos, aseveró Moreau.
Asimismo, afirmó que su bloque «está dispuesto a discutir, pero no a ceder el poder que el pueblo le dio al parlamento argentino».
También denunció que la conocida como Ley Ómnibus, la cual incluye aspectos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 (DNU que deroga o modifica más de 300 normativas), barre con derechos históricos y reforma artículos de la Carta Magna, códigos de fondo que forman parte de consensos básicos que sostienen la democracia.
Por su parte, el también diputado de UP Itai Hagman advirtió que la delegación de facultades que pretende establecer Milei «es un atropello al Congreso y a las instituciones que no tiene precedentes».
A su vez, el legislador del Frente de Izquierda Christian Castillo denunció que el Gobierno pide “consagrar una autocracia, donde el Presidente puede decidir que en un mes no aumenta las jubilaciones, modificar leyes en seguridad interior y defensa, y privatizar 41 empresas estatales que tienen más de 90 mil trabajadores despidiendo quienes quiera”.
Están intentando pasar una topadora (excavadora) sobre los intereses de los asalariados, los sectores populares y la clase media. En un mes se produjo la caída más grande del poder adquisitivo del salario en esta nación: 13,8 por ciento, dijo.
Durante su intervención, la excandidata presidencial del Frente, Myriam Bregman, criticó el nombramiento como titular de la comisión de Presupuesto de José Luis Espert, quien pidió “cárcel o bala” para ella y su compañero de bancada, Nicolás del Caño.
Además, acusó al Gobierno de intentar imponer formas antidemocráticas para debatir un paquete de leyes que también catalogó de ese tipo.
En tanto, el presidente del bloque de UP, Germán Martínez, exigió la participación en los análisis del ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Gustavo Posse, y el asesor presidencial Federico Sturzenegger, a quien se le atribuye la redacción del DNU.
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