En conferencia de prensa este jueves, los waorani advirtieron que se mantendrán atentos a lo que suceda en los próximos meses en el Yasuní, considerado uno de los sitios más biodiversos del planeta.
El pronunciamiento de esa comunidad indígena tiene lugar a un mes de que el presidente Daniel Noboa sugiriera la posibilidad de ampliar por un año más el plazo para cesar la explotación del Bloque 43-ITT allí.
Se trata de una posibilidad para continuar recibiendo los beneficios que genera este yacimiento, uno de los más productivos de esta nación sudamericana, en el contexto del conflicto armado interno.
Según el mandatario, el Estado requiere más de mil millones de dólares para enfrentar a las bandas criminales, calificadas como terroristas.
En agosto de 2023, mediante una consulta popular, la ciudadanía apoyó la decisión de frenar la explotación petrolera en el Yasuní, mayor área protegida de Ecuador.
La pasada semana, indígenas y activistas ambientales aquí expresaron también preocupación por la posibilidad de una moratoria al cierre del campo petrolero.
El líder del colectivo Yasunidos, impulsor de la propuesta de dejar el crudo bajo tierra, Pedro Bermeo, señaló que, si el presidente Noboa no respeta la voluntad popular proclamada en las urnas, la Corte Constitucional tendrá que destituirlo.
Nos solidarizamos con la crisis y situaciones de violencia, sin embargo, sus propuestas buscan seguir sacando dinero del pueblo o la naturaleza mientras perdonan impuestos a los más ricos, señaló Bermeo.
Entretanto, para el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leónidas Iza, la aplicación de una moratoria en el cierre del campo ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini), ubicado en el Yasuní, no es posible jurídicamente, porque ya existe una votación popular de por medio.
El ITT produce aproximadamente 58 mil barriles de petróleo al día y en 2022 generó mil 200 millones de dólares para el Estado, según cifras de la estatal Petroecuador, que opera el yacimiento.
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