El asesinato de dos agentes de la Guardia Civil el pasado viernes en Barbate, Cádiz, conmocionó a la opinión pública, en particular por la brutalidad del hecho y cierta complicidad detectada en un sector social de la zona.
Las llamadas Narcolanchas, que son naves de hasta 14 metros de eslora, asediaron a un barco de la Guardia Civil que inspeccionaba el área, hasta hacerlo naufragar. Luego, intencionadamente, pasaron por encima de los dos agentes ultimados.
En las últimas horas, fuerzas de seguridad informaron la captura de una embarcación cargada con más de cuatro toneladas de cocaína proveniente de Sudamérica al sur de las islas Canarias, en el océano Atlántico.
A unas 500 millas náuticas del archipiélago canario, frente a la costa noroeste de África, fue interceptada la narcolancha, con sus cuatro tripulantes, de nacionalidades española, rumana, marroquí y moldava.
«Tras la interceptación y el abordaje de la narcolancha, se comprobó inmediatamente su carga, que consistía en cuatro mil 350 kilos de cocaína», indicaron en comunicado conjunto la policía española y las autoridades aduaneras.
La operación contó con la cooperación internacional, entre ellas la Agencia nacional contra el crimen de Reino Unido (NCA) y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Se trata de un programa en la batalla contra el narcotráfico de la denominada «ruta atlántica de la cocaína», utilizada por todo tipo de embarcaciones procedentes de Sudamérica, que luego introducen en Europa, según las fuentes.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y de temas de Interior y Justicia del grupo Sumar, Enrique Santiago, registró una iniciativa parlamentaria para que los responsables competentes del Ministerio del Interior detallen por escrito todos los planes previstos para hacer frente e impedir que se repitan situaciones como el reciente caso de Barbate.
Los agentes murieron debido al abordaje de una narcolancha que les pasó por encima en la que ellos participaban desde una pequeña embarcación, lo que causó también graves heridas a otro agente.
Los guardias civiles asesinados fueron Miguel Ángel González Gómez, de 39 años, miembro del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), y David Pérez Carracedo, de 43, integrante del Grupo de Acción Rápida (GAR).
Hasta ahora el juez que instruye el caso ha enviado a prisión a los seis tripulantes de la narcolancha que embistió a la de la Guarda Civil, acusados de asesinato.
Santiago reclamó asimismo datos concretos de “la relación de embarcaciones del servicio marítimo de Cádiz y Algeciras, y cuáles eran las averías que tenía cada una de ellas en la fecha del trágico suceso”.
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