Alcides Villafuerte se comprometió a informar los detalles de los sobornos presuntamente pagados a Vizcarra, su exministro de Transportes, directivos del organismo de carreteras Provías Descentralizado y otros funcionarios.
Además, el exfuncionario de Provías entregó a la unidad policial de la Fiscalía Anticorrupción estatal, como prueba de su voluntad de colaborar, 500 mil soles (131 mil 500 dólares).
La suma fue declarada como parte de los sobornos recibida por Villafuerte por contratos irregulares con empresas favorecidas ilegalmente con contratos de obras públicas.
Según las pesquisas de la Fiscalía, el nuevo delator se encargaba de direccionar los procesos para beneficiar a las empresas que pagaban coimas, estaba en contacto con los empresarios y cobraba los sobornos.
La investigación indica que Villafuerte entregaba el dinero a quien era titular de Provías, Carlos Revilla, y coordinaba con el entonces viceministro de Transportes Carlos Estremadoyro el traslado de lo recibido a Vizcarra.
Similar actitud a la de Villafuerte asumió la semana pasada el coacusado y exfuncionario de Provías Juan José Enciso, quien entregó 245 mil soles (131 mil 500 dólares) de coimas recibidas y pidió ser colaborador de la Fiscalía.
De otro lado, la procuradora del Estado que atiende el caso, Silvana Carrión, restó importancia al reciente archivamiento judicial de los cargos de asociación ilícita y usurpación de funciones.
Explicó que la medida dictada por un juez permite concentrar el caso en los dos cargos más importantes, de colusión y cohecho, en los cuales la evidencia contra Vizcarra “es más solvente, más contundente” y se cuenta con información de colaboradores que, además de confesar sus hechos ilícitos, inculpan a más implicados.
Consideró inclusive que debe incrementarse la pena de 15 años de cárcel solicitada por la Fiscalía para el expresidente Vizcarra, seis por una obra de irrigación y nueve por el contrato de construcción de un hospital.
Vizcarra fue además inhabilitado en 2022 para el ejercicio de cargos públicos por nombramiento o elección durante cinco años, por haberse inmunizado indebidamente con un proyecto de vacuna contra la Covid-19 cuando era presidente.
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