Los legisladores del oficial Partido Colorado (PC), los cartistas (partidarios del expresidente Horacio Cartes) y sus satélites “forzaron el miércoles un reglamento para lograr la pérdida de investidura de la parlamentaria y lo hicieron como una forma de acallar voces críticas”, añadió el diario.
“Pasar por encima de la Constitución Nacional y pretender la uniformidad de todas las ideas y opiniones no es democracia. Están a un paso de causar un quiebre, y eso la ciudadanía no debe permitirlo”, subrayó el periódico en un editorial titulado “debemos preservar la institucionalidad democrática”.
Última Hora citó, además, un informe elaborado por la revista británica The Economist que ubica a Paraguay entre los países «con democracias defectuosas”, y un diagnóstico sobre 2023 del llamado Latinobarómetro, que lo considera como el país con actitudes más autoritarias de toda la región.
Ese último documento recuerda que la nación suramericana es gobernada por el PC desde 1948, con apenas un periodo de alternancia al tomar el poder el candidato opositor Fernando Lugo, cuyo gobierno (2008–2012) fue interrumpido -a criterio de muchos- por un golpe de Estado parlamentario.
El medio local califica de “sumamente grave” que el Parlamento Nacional no permita los debates, y, en cambio, “use la mayoría para ajustar reglamentos y decidir arbitrariamente la pérdida de investidura de opositores”.
Última Hora caracteriza ese hecho de “profundo y encarnizado desprecio por la Constitución y sus instrumentos” y asegura que “de otro modo no se explica que hayan forzado una mayoría de 23 senadores colorados y satélites para expulsar a la parlamentaria opositora”.
“Se debe reconstruir la confianza en las instituciones –insiste el diario-; la ciudadanía necesita ver en su clase política integridad, honestidad, decencia y compromiso, y las autoridades deben recordar siempre que su tarea es fundamentalmente servir al pueblo que lo ha elegido, y no servirse de él”.
Por su parte, representantes de sectores empresariales, industriales, productores y de otras entidades rechazaron este lunes la decisión el 14 de febrero de los legisladores oficialistas de expulsar de la Cámara Alta a la ahora exsenadora Kattya González, publicó el periódico ABC Color.
“Para que el sector privado y la economía funcionen –afirma un comunicado del gremio- es fundamental que haya estabilidad y, para ello, la clase política debe enfocarse en lo importante: el bienestar de toda la ciudadanía”.
González anunció que apelará esta semana ante la Corte Suprema de Justicia la decisión del Senado, mientras el periódico Última Hora comentó que la Cámara Alta cometió «un atropello» al aprobar la resolución para suprimir la investidura en esa instancia de la exlegisladora.
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