Un comunicado de esa entidad rechazó la reactivación de esa forma de pena de muerte mediante disparos organizadas por las autoridades de facto que tienen lugar en estadios deportivos de varias ciudades de la nación asiática.
“Estas ejecuciones también son de naturaleza arbitraria y contrarias al derecho a la vida protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Afganistán es Estado parte”, añadió el portavoz de la Oficina, Jeremy Laurence.
De acuerdo con la entidad, desde el retornos al poder de los talibanes en agosto de 2021, cinco personas recibieron la pena capital públicamente tras decisiones del sistema judicial de facto, aprobada por su líder.
La Oficina documentó hechos de este tipo en las ciudades de Ghazni y Sheberghan en presencia de funcionarios del tribunal de facto y de otros, así como de miembros del público.
Los condenados recibieron varios disparos, informó además.
La ONU también mencionó reportes sobre otros dos incidentes recientes en Laghman, en el este de Afganistán, donde un niño de 12 años y un hombre fueron azotados por el delito de inmoralidad en público.
El domingo, en la provincia de Balkh, en el noroeste, una mujer y un hombre condenados por fuga de casa y adulterio también recibieron ese castigo.
«Dadas estas graves preocupaciones, instamos a las autoridades de facto a establecer una moratoria inmediata sobre cualquier futura ejecución y a actuar con rapidez para prohibir el uso de la pena de muerte en su totalidad», insistió el vocero.
Esta, advirtió, también constituye una forma de trato o pena cruel, inhumana o degradante, prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos.
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