“Nos mantenemos firmes en nuestro derecho a la protesta y movilización y en nuestra demanda de justicia para los ciudadanos y sus familiares, víctimas del régimen de Dina Boluarte”, afirma el comunicado conjunto de las organizaciones Flora Tristán, Manuela Ramos y Las Lilas.
El pronunciamiento lleva también las firmas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de las organizaciones no gubernamentales Demus y Las Lilas.
El texto sostiene que la mandataria, “olvidando sus obligaciones en la protección de la vida, asumió el mandato patriarcal del orden y la represión para acallar las protestas y demanda ciudadana por nuevas elecciones”.
También reprochan a Boluarte su aceptación a las iniciativas y proyectos del Congreso de la República contra el sistema nacional de justicia, la institucionalidad, la igualdad de género y la protección de nuestras reservas naturales y de pueblos y territorios indígenas.
“Este 8 de marzo, nos declaramos en resistencia y en defensa de la democracia, en contra de la alianza autoritaria entre el Ejecutivo y el Congreso”.
Según el comunicado, esa alianza amenaza al avance de las políticas de igualdad de género, la lucha contra la violencia de género machista, el trabajo digno y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en su diversidad y de las personas Lgbtiq.
Las organizaciones feministas afirman que Perú vive una crisis política agravada por la profundización de la corrupción y el estancamiento de la economía, así como el debilitamiento de las instituciones públicas.
Tal crisis, prosiguen, genera “condiciones para el incremento del empleo informal, la inseguridad ciudadana y las economías ilegales, todo lo cual impacta directamente en la seguridad e integridad de las mujeres en toda su diversidad y de las personas Lgbtiq, dadas las desigualdades sociales, el machismo y las brechas de género”.
Cuestionan además el trabajo informal y sin derechos para las mujeres, la sobrecarga de trabajo doméstico, el incremento de la violencia de género, incluido el feminicidio, y la pérdida de oportunidades para participar en la vida pública del país.
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