De aprobarse, la ley bloquearía el actual juicio a Fujimori, jefes militares y miembros del destacamento ilegal Grupo Colina, integrado por miembros del Ejército y dedicado a matar sospechosos de terrorismo, por una matanza de civiles inocentes.
La ex primera ministra Mirtha Vásquez fustigó a la mayoría parlamentaria por su afán de dejar impunes a violadores de derechos humanos y apuntó que para ello no le interesa “ni los compromisos internacionales, ni la Constitución, ni las leye”.
La exministra de la Mujer Anahí Durand condenó el proyecto y señaló que es posible que logre contar con la anuencia del Tribunal Constitucional, al que la mayoría congresal maneja, según afirmó.
La congresista Sigrid Bazán es en realidad esa mayoría pretende aprobar una ley de amnistía de impunidad y con nombre propio, en alusión al exgobernante Fujimori.
El abogado defensor de derechos humanos Juan José Quispe señaló que el proyecto dejaría impune a Fujimori, al Grupo Colina, al asesinato y desaparición del periodista Jaime Ayala y al encarcelado brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos.
También, agregó, dejaría impune la esterilización forzada y masiva de mujeres pobres e indígenas, por la que son acusados Fujimori y sus ex ministros de Salud, como el congresista Alejandro Aguinaga, quien votó ayer a favor de la repudiada ley.
Los proponentes alegaron que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en Perú en 2002, pero el jurista Franco García Lazo advirtió que el Estado peruano ha suscrito y ratificado seis convenios jurídicos internacionales que impiden la impunidad de crímenes contra los derechos humanos.
Para el director del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, la ley, de aprobarse, sería inconstitucional, pues el Tribunal Constitucional, cuyos fallos sientan precedente, anuló un decreto similar del último gobierno del neoliberal Alan García (2006-2011).
El exintegrante del Tribunal Constitucional (TC) Ernesto Álvarez, reconoció que esa corte acordó que son perseguibles los delitos de lesa humanidad cometidos desde 1945, cuando el Tribunal de Nuremberg, juzgó a los jerarcas nazis por ese tipo de crímenes.
Rivera apuntó que, de aprobarse la ley, 35 procesos por crímenes de lesa humanidad ya sentenciados serían anulados, incluido el de dos matanzas por las que fue condenado a prisión el exgobernante Fujimori, excarcelado por un indulto en diciembre último.
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