Soto reaccionó vehemente ante una declaración de uno de los 14 legisladores indagados, Édgar Tello, afirmó que circulan comentarios sobre un supuesto allanamiento a las oficinas de legisladores, sin dar nombres ni pruebas de lo dicho.
Consideró que lo dicho por Tello sería muy grave y afirmó rotundo que “Como presidente del Congreso, garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento. No permitiré una intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado”, según dijo.
Hizo la declaración en medio de una contienda entre los fiscales y los legisladores investigados, cinco de los cuales denunciaron esta semana a la fiscal superior, Delia Espinoza, por supuestamente violar la ley, pues por su fuero parlamentario solo podría hacerlo el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.
Pidieron en su denuncia que Espinoza sea inhabilitada para el ejercicio de cargos en el Estado por diez años.
La Fiscalía de la Nación y la junta de fiscales supremos coincidieron en rechazar la denuncia, la primera por considerar en un comunicado que la acción “carece de sustento jurídico y fáctico”.
El pronunciamiento explica que Villena declinó hacerse cargo del caso porque ha sido convocado a declarar como testigo en las pesquisas, situación similar a la de su adjunto, el fiscal Pablo Sánchez, quien también tuvo que inhibirse.
Los denunciantes sostienen que Espinoza habría cometido los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones y vulnerado la Constitución y quieren someterla a un juicio político para inhabilitarla y retirarla del cargo.
El constitucionalista Luciano López consideró poco ética y en su opinión carente de legalidad, la maniobra de los parlamentarios que, al verse investigados, responden denunciando a quien los investiga para traerlos a litigar en su terreno, el Parlamento, donde donde tienen ventaja porque no decide la justicia sino deciden los votos.
La Junta de Fiscales Supremos cerró filas con la fiscal Espinoza, y señalaron que la exfiscal Benavides la impugnó ante el Poder Judicial, y se espera su decisión, pero ninguna otra autoridad puede intervenir en una causa pendiente en esa instancia.
El abogado López apuntó que hay precedentes en los que un fiscal supremo como Espinoza ha investigado, por delegación del fiscal de la Nación, a funcionarios del nivel de Benavides y los congresistas.
Los 14 congresistas son indagados porque intercambiaron favores con la hoy suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, según un exasesor que era enlace entre ambos parte y, tras ser descubierto, dio amplia información a sus captores. Según el llamado colaborador eficaz, Jaime Villanueva, Benavides archivó denuncias por diversas causas contra parlamentarios, a cambio de que estos voten por decisiones congresales convenientes a su consolidación.
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