Según el portal Brasil 247, el posicionamiento de Lula resulta evidente por la suspensión de las celebraciones oficiales en memoria del complot y la indecisión en reavivar la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos, generando críticas de historiadores.
Recientemente, el Ministerio Público Federal recomendó la reactivación de la junta, una iniciativa apoyada por el ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida.
Sin embargo, incluso con un borrador de decreto listo desde marzo de 2023, el fundador del Partido de los Trabajadores todavía no define cuando esto ocurrirá, exteriorizando un enfoque cauteloso con respecto al tema.
De acuerdo con informaciones transmitidas por la columnista Bela Megale, del diario O Globo, el mandatario expresó preocupación con el «golpismo contemporáneo», como el episodio ocurrido el 8 de enero del pasado año, más que con los eventos de 1964.
Además, el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, en acuerdo con los comandantes de las Fuerzas Armadas, decidió por la ausencia de manifestaciones oficiales de militares activos el 31 de marzo, buscando la distensión en las relaciones entre el Gobierno y las instituciones castrenses.
Brasil 247 asegura que expertos alertan sobre el riesgo de olvidar el pasado, destacando la importancia de recordar la conjuración de hace 60 años como forma de construir memoria y evitar la repetición de nuevos ataques a la democracia.
El golpe militar perpetrado del 31 de marzo al 2 de abril de 1964 fue una conspiración protagonizada por los uniformados contra el Gobierno de João Goulart.
Los involucrados en la asonada justificaron su acción afirmando que el objetivo era restaurar la disciplina y la jerarquía en las Fuerzas Armadas, así como detener la «amenaza comunista» que, según ellos, se cernía sobre Brasil.
Creada por ley en 2014, la Comisión Nacional de la Verdad presentó un informe final y concluyó que la práctica de detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones y ocultación de cadáveres eran el resultado de una política estatal contra la población civil, calificándolas de crímenes de lesa humanidad.
En total, se identificaron 434 casos de muertes y desapariciones de personas bajo la responsabilidad del Estado brasileño durante el periodo 1946-1988.
jf/ocs
