Por medio de un comunicado, manifestó que acepta la invitación del jefe de Estado, «en el sentido de sentarnos a negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales que todos queremos para las regiones en donde hacemos presencia».
Ayer, Petro propuso al cartel un acogimiento colectivo a la justicia, que tenga una negociación jurídica con la fiscalía, con el fin de desmontar sus negocios ilícitos.
«¿Están dispuestos a dejar los negocios ilícitos, el de los migrantes, el de la extorsión, el del traqueteo (tráfico de droga)? Hablemos», dijo Petro en un discurso en Antioquia, al noroeste del país.
El clan subrayó que es importante anotar que las economías ilícitas existen en las regiones mucho antes de que fuera una realidad como organización.
«No las hemos creado, cosa distinta es que se cancelen unos recursos en lo que se ha llamado el ‘impuesto al gramaje’ en el caso de la coca», aseguró la estructura criminal.
Enfatizó que no tiene el poder de crear las condiciones para que se registre un flujo migratorio de las proporciones del que se vive en los últimos años en el Darién.
«No tenemos ninguna relación con este nefasto tráfico, que se aprovecha de los sueños de migrantes de muchas nacionalidades, para explotarlos y a menudo abandonarlos a su suerte», recalcó.
El grupo criminal Clan del Golfo, originalmente denominado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), se convirtió en EGC (Ejército Gaitanista de Colombia), nombre con el cual busca desligarse de su origen y contribuir con la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro.
En agosto de 2022, la organización manifestó su voluntad de hacer parte de la política de «Paz Total» del gobierno de Petro, un proceso que ha tenido pocos avances, principalmente por la falta de un marco jurídico para las negociaciones y por la negativa del grupo a sumarse al sometimiento a la justicia.
Ahora, la estructura reiteró estar «prestos a acudir a donde se nos indique, a través de las personas que hemos designado de tiempo atrás para tal fin. Como bien lo señala el mismo señor presidente, este es un camino muy difícil y complejo, que estamos dispuestos a recorrer acompañados de las comunidades», enfatizó.
La ley de la Paz Total define la política de Estado, preservando y garantizando la seguridad humana, a través de la solución definitiva del conflicto armado en Colombia.
La normativa otorga facultades al Presidente de la República, al Alto Comisionado de Paz y al Gobierno para adelantar las negociaciones con grupos armados ilegales del país.
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