La decisión del alto tribunal da luz verde al Legislativo para que investigue y decida si quitarle la inmunidad a esta autoridad, como a fines de noviembre pasado sucedió con Irma Palencia, Ranulfo Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco.
En este caso la postura de la CSJ responde a una solicitud de retiro de antejuicio presentada por el Ministerio Público (MP), a través de su Fiscalía de Delitos Electorales, en contra de los togados.
La acción legal es resultado de una denuncia presentada el 25 de agosto de 2023 por Víctor Guerra Velásquez, en su calidad de secretario general en funciones del partido Unidad Nacional de la Esperanza.
El entonces representante de la fuerza política cuya excandidata presidencial Sandra Torres fuera derrotada, alegó supuestas irregularidades durante el escrutinio de la segunda vuelta de las votaciones generales de ese año.
A los funcionarios del TSE se les señaló de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes, al no acatar su obligación de garantizar comicios limpios y transparentes.
Por un sorteo, el expediente de retiro de inmunidad cayó en el Juzgado Octavo, pero este lo elevó a la CSJ.
A Palencia, Rojas, Aguilera y Franco se les investiga por supuestas irregularidades en la compra del sistema informático de los pasados sufragios.
Tras la audiencia de primera declaración de los magistrados a mediados de marzo pasado, el abogado defensor César Calderón consideró que se trata de un caso político, pues surgió por la denuncia de inconformes con la definición de los comicios.
Agregó que los propios partidos políticos pidieron un sistema para garantizar la transmisión de resultados preliminares y que si los magistrados no lo hubieran adquirido, estarían acusados de incumplimiento de deberes.
El MP, según trascendió aquí, tiene cinco meses para desarrollar la pesquisa, plazo durante el cual deberá recolectar los medios necesarios para la siguiente etapa, mediante la cual se decidirá si enfrentarán o no un juicio.
La propia Fiscalía de esta nación confirmó en enero último la emisión por parte de un juzgado de órdenes de captura contra Palencia, Aguilera, Rojas y Franco.
Mediante un comunicado desde fuera del país, Palencia estimó imprescindible trasladar su criterio, principalmente respecto de la posición del TSE y el entramado político, polarización y extrema judicialización imperante.
Ella, Aguilera, Rojas y Franco se vieron obligados a abandonar Guatemala en diciembre de 2023, mientras regresaron para presentarse voluntariamente ante un juzgado y aclarar la situación.
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