Estas contradicciones son reflejadas por una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) publicada este lunes y que abordan una ley que pese a sus buenos resultados es rechazada por algunos sectores.
La medida aprobada el 27 de marzo de 2022 alcanzó una nota de 8.13 pero esta calificación desciende a 7.08 entre los salvadoreños que objetan la suspensión de tres garantías constitucionales.
Solo nueve de cada 100 salvadoreños no se sienten beneficiados con el régimen de excepción, la iniciativa que permitió el arresto de cerca de 80 mil presuntos pandilleros y colaboradores.
En favor de la iniciativa está que el 77 por ciento de la población se siente poco, algo o muy preocupada con la posibilidad de que la medida ya no continúe, algo que demandan sectores minoritarios del país pese a que reconocen sus resultados.
La pesquisa mostró que la mayoría de la población no está de acuerdo con que se le suspendan garantías constitucionales para aplicar el régimen de excepción, incluso algunos demandan una ley que contemple la medida pero sin suspender derechos.
«El nivel de desconocimiento ciudadano sobre los tres derechos ciudadanos suspendidos continúa”, indicó hoy la directora del Iudop, Laura Andrade, en la presentación del estudio.
Prorrogado en 25 oportunidades, el estudio mostró que siete de cada 10 salvadoreños sostienen que debe mantenerse, sin embargo, el 29 por ciento demanda otra alternativa.
El muestreo fue ejecutado del 16 al 24 de marzo de 2024 en un universo de mil 270 personas, casa por casa, con un margen de error de más o menos 2.75 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.
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