Ahora en la UE existe liderazgo en proyectos como la transición a la llamada economía verde, las prácticas de sostenibilidad, la migración, así como las políticas de sanciones y a favor de la militarización, pero todos ellos fracasaron, consideró el jefe de Gobierno.
La dirección actual del bloque regional debe dimitir, pues necesitamos nuevos líderes, señaló Orban en su cuenta de la red social X, citada por la televisión capitalina.
Al respecto, el estadista magiar estimó que Bruselas utiliza los principios del imperio de la ley y de mecanismos de condicionamiento como el chantaje político.
El primer ministro se refirió en específico a la jefe de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien declaró abiertamente que Hungría de ninguna forma recibiría el dinero de fondos de ese órgano ejecutivo de la UE por su política migratoria y en contra de la diversidad de género.
Tengo la impresión, afirmó, de que detrás de algunas decisiones de Bruselas, están intereses no precisamente europeos, sino los de Estados Unidos. Además, es posible un cambio de los dirigentes de la región, tras las elecciones para el Parlamento Europeo, en junio próximo, consideró.
El jefe del ultraderechista partido Fidesz opinó que para nada es necesaria una decisión en Bruselas como la actual, que trata a los miembros de la UE como si fueran provincias, al ordenarles cómo vivir. La dirección del bloque debe respetar la soberanía de los europeos, acotó.
A mediados de septiembre de 2022, la Comisión Europea propuso poner en práctica un mecanismo especial de condicionamiento respecto a Hungría, con el fin de defender al presupuesto comunitario de una violación de principios del imperio de la ley en la nación magiar.
Esa práctica, puesta en funcionamiento por primera vez en esa ocasión en sus dos años de existencia, llevó al congelamiento de asignaciones por siete mil 500 millones de euros a este país.
La citada comisión mantuvo la retención del 65 por ciento de fondos de la UE que debieron llegar a esta nación, aunque esta cumplió con demandas como el refuerzo de la lucha anticorrupción, transparencia de las compras estatales y el fortalecimiento de la independencia del sistema jurídico.
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