Según el ministro del Interior, Aaron Motsoaledi, se tuvieron en cuenta los criterios emitidos por ciudadanos, solicitantes de asilo y refugiados, así como grupos de interés público, empresas, ministerios nacionales y locales, primeros ministros, institutos de investigación, partidos políticos y organismos internacionales.
Para ello el equipo ministerial realizó audiencias públicas en las nueve provincias del país, agregó. Sólo pocos grupos de interés público se oponen a posiciones políticas seleccionadas, como la retirada de la Convención sobre Refugiados de 1951, el Protocolo de 1967 y la adhesión a ellos con reservas.
Asimismo, añadió, a la propuesta de derogación de la Sección 4 (3) de la Ley de Ciudadanía Sudafricana, el principio de Primer País Seguro.
En 1996, dos años después de las primeras elecciones democráticas, Sudáfrica accedió a varios acuerdos internacionales como la Convención de 1951, el Protocolo de 1967, la Convención de la Organización de la Unidad Africana de 1969 y otros instrumentos internacionales, recordó Motsoaledi.
Esto se hizo, explicó, sin que el gobierno hubiera desarrollado una política clara sobre migración, incluida la protección de los refugiados, por lo cual no se hicieron reservas ni excepciones permitidas en términos del derecho internacional.
Ahora, afirmó, el Libro Blanco propone que el Gobierno debe revisar y/o retirarse de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 con miras a acceder a ellos con reservas, como lo hicieron muchos países.
Motsoaledi enfatizó en que Sudáfrica no tiene los recursos para cumplir con todos los requisitos de la Convención de 1951.
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