La acción legal de la entidad subordinada al Ministerio Público señaló al togado por la posible comisión de los delitos de falsificación de documentos, al hacer constar el grado académico de doctor en derecho constitucional, sin los requisitos de la universidad que lo otorgó.
De acuerdo con la FECI, Rojas presentó ante la Comisión de Postulación para la definición de magistrados del TSE el diploma, cuando en realidad no cumplía con los estatutos del reglamento de la casa de altos estudios.
Analistas locales y organizaciones sociales advirtieron aquí antes que las acciones de Curruchiche solo reflejan sus intenciones espurias contra el proceso electoral.
Esto, en relación con las medidas que adoptó el ente investigativo desde que se supo que Bernardo Arévalo, abanderado del partido Movimiento Semilla, pasaba a la segunda vuelta de los comicios presidenciales.
Rojas, junto con Irma Palencia, Gabriel Aguilera y Mynor Franco se vieron precisados a abandonar el país el pasado diciembre, a causa de acusaciones de supuesto fraude en la compra del sistema informático utilizado en las votaciones.
Al regresar a Guatemala a inicios de marzo último se presentaron voluntariamente ante un juzgado para aclarar la situación y recibieron una medida sustitutiva.
El abogado César Calderón, quien defiende a los magistrados del TSE, consideró que se trata de un caso político, porque surgió por la denuncia de personas inconformes con los resultados de los sufragios.
El MP, según trascendió, tendrá cinco meses para desarrollar la investigación, plazo durante el cual deberá recolectar los medios necesarios para la siguiente etapa, donde se decidirá si los cuatro enfrentarán o no un juicio.
Las múltiples entidades sumadas en octubre del 2023 a las movilizaciones en calles y plazas guatemaltecas calificaron a la fiscal general Consuelo Porras, a Curruchiche y al juez Fredy Orellana de garantes de la impunidad en este territorio centroamericano.
El MP, considerado un instrumento del pacto de corruptos, ordenó allanar el TSE por presuntas irregularidades en las votaciones realizadas el 25 de junio y 20 de agosto, lo cual provocó una crisis inédita.
El actual Gobernante exhortó públicamente a Porras a que renuncie, pero la fiscal general afirmó que no dejará el cargo porque considera que cumple la ley al investigar las denuncias presentadas.
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