Con un acto oficial en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, liderado por autoridades electorales y del Gobierno y bajo un estricto esquema de seguridad, quedó inaugurada la jornada de votaciones.
La jefa del CNE, Diana Atamaint, garantizó “legalidad, legitimidad y transparencia” en el proceso de este domingo, para el cual están habilitados 13,6 millones de electores dentro y fuera del país.
En el evento, donde estuvieron presentes Noboa, ministros, el alto mando policial y militar, así como observadores, entre otros invitados, Atamaint se refirió a la complejidad del conteo de los votos y reiteró que los primeros resultados se conocerán desde las 19:00 y 19:30 (hora local).
Por su parte, el jefe de Estado llamó a los ecuatorianos a votar por “el futuro que queremos” y se comprometió a acatar y respetar la decisión popular.
El mandatario señaló que el resultado de la consulta definirá el rumbo y la política de Estado que tomará para afrontar el reto de la violencia, el crimen organizado, la lucha contra la corrupción y la generación de empleo
Es nuestro momento de hacer historia, sepultaremos a un país de violencia, de angustia y daremos paso a un nuevo Ecuador, expresó el gobernante.
El presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, recordó que desde 1978 el país ha optado por realizar varios referendos para definir asuntos trascendentales.
Cada voto emitido hoy definirá la estructura jurídica, políticas de gobierno y actuaciones de entidades públicas, añadió Muñoz
Los comicios están programados hasta las 17:00 (hora local), cuando cerrarán todos los recintos y comenzará el escrutinio.
Los ciudadanos deberán votar Sí o No en cada una de las 11 preguntas que aparecen en la papeleta.
Cinco de los cuestionamientos implican enmiendas a la Constitución, incluida la posible participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado y otra pregunta que permite la extradición de ecuatorianos.
Otras interrogantes tratan la posibilidad de instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales y agregar al Código de Trabajo los contratos temporales y por horas, temas polémicos y criticados por organizaciones sociales y políticas.
Seis cuestionamientos no implican cambios en la carta magna, sino reformas a normativas existentes, como el aumento de penas a delitos de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, entre otros.
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