El Consejo Nacional Electoral (CNE) detalló que ocho mil 828 delegados de organizaciones políticas y sociales supervisan el proceso, así como mil 27 observadores acreditados, de los cuales 941 son nacionales y 86 internacionales.
Con estos comicios, el presidente Daniel Noboa medirá su aceptación con las 11 preguntas sobre seguridad, justicia, inversiones y empleo, de las cuales cinco supondrán cambios en la Constitución y las seis restantes conllevan modificaciones legales sin afectar la Carga Magna.
Una de las interrogantes busca permitir el apoyo complementario de los militares a la policía sin la necesidad de decretar estados de excepción, aunque ya la Corte Constitucional dijo que con la actual declaratoria de conflicto armado interno no era imprescindible lo anterior.
En este sentido, especialistas en temas de seguridad y la vida cotidiana afirman que la militarización no es la solución a la violencia y se multiplican las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos contra poblaciones empobrecidas.
Otras de las preguntas buscan endurecimiento de penas para ciertos tipos de delitos, reformar leyes sobre control de armas y municiones, permitir la extradición y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
La mayoría de esos cuestionamientos, de ser aprobados, deberán pasar a la Asamblea Nacional (Parlamento) para elaborar las normativas correspondientes antes de entrar en vigor, por lo cual muchos califican de innecesaria la consulta, que pudo tratarse en el Legislativo sin gastar 60 millones de dólares.
Más allá de los temas relativos a la seguridad, Noboa quiere reformar el Código de Trabajo para legalizar los contratos a plazo fijo y por horas, sin embargo, desde la oposición plantean críticas al respecto.
“Va a traer más pobreza, contracción de la economía y precarización laboral”, afirmó la excandidata presidencial Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana.
Los ecuatorianos también tendrán que pronunciarse sobre el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales.
Para el economista Alberto Acosta Espinosa, la consulta popular constituye un paso hacia la reelección de Noboa en 2025, en línea con una mayor militarización de la sociedad y neoliberalización de la economía.
La cita electoral de este domingo fue calificada por movimientos sociales, políticos, sindicales y estudiantiles como innecesaria y engañosa, mientras para el Gobierno y sus seguidores es la solución a los problemas de seguridad del país.
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