Según medios de prensa, Yáñez se aprestaba a renunciar al cargo antes de sentarse en el banquillo de los acusados el 7 de mayo, pero su situación dio un vuelco tras el asesinato de tres policías este sábado, el mismo día en que se conmemoraba un aniversario de la institución.
Al general se le sindica por la omisión de delitos, como los de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios en el contexto de las protestas de hace cuatro años, cuando era director de Orden y Seguridad en la policía militarizada.
Esas manifestaciones contra las desigualdades sociales y el modelo neoliberal fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, con saldo de unos 30 muertos y miles de heridos, entre ellos más de 400 con daños oculares.
Un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reveló el uso excesivo o innecesario de la fuerza que provocó la privación de la vida, lesiones, tortura y malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
Con el fin de evitar el proceso, la defensa de Yáñez presentó varios trámites ante el Tribunal Constitucional y la Corte de Apelaciones, pero todos fueron rechazados.
Sin embargo, a raíz del asesinato este fin de semana de tres carabineros en la comuna de Cañete, de la región del Biobío, sectores de la oposición reiteraron la demanda sobre la permanencia del general al frente de ese cuerpo, decisión que fue apoyada por el Gobierno.
Anoche en el programa Tolerancia Cero, de CNN Chile, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció el ingreso desde el Ministerio Público de una solicitud para aplazar la formalización del general.
Valencia no confirmó que tal decisión se deba a las presiones de la oposición para postergar la audiencia, sino “a las reiteradas peticiones de la defensa de contar con más tiempo para analizar los antecedentes de la investigación”.
Según una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem publicada tras el crimen contra los agentes, 45 por ciento estima que el general debe mantenerse en el cargo hasta terminar su período en octubre, mientras 46 apuestan por su renuncia ahora o después de encontrar a los culpables del asesinato.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el abogado Mauricio Daza señaló que un atentado en contra de carabineros no borra la responsabilidad penal personal que pueda tener un miembro de la institución en otros delitos.
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