Luego de evaluar la correspondencia de la Resolución de Conclusiones del Caso 01, dicha entidad concluyó que existen evidencias para considerar que los miembros del antiguo secretariado de ese grupo guerrillero incurrieron en la comisión de graves delitos tales como tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud.
Según comunicó hoy aquí la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad concluyó en su análisis de correspondencia que quienes integraron el exsecretariado de las FARC-EP “son responsables por mando de las conductas constitutivas del crimen de lesa humanidad derivadas de la política general de secuestros en la que incurrió la organización”.
Es decir, en el marco de su estrategia de secuestro se cumplieron tres elementos contextuales que, a la luz del artículo siete del Estatuto de Roma, configuran un crimen de lesa humanidad tales como: que se trató de un ataque dirigido contra la población civil; que dicho ataque fue generalizado o sistemático; y que fue cometido de conformidad con o en cumplimiento de una política de un Estado o de una organización, informó ese órgano.
Lo anterior se sustentó además en que los trabajos forzados impuestos por los miembros de las antiguas FARC-EP se caracterizaron por la imposibilidad de las víctimas de cambiar su condición por la coerción, el temor, las amenazas y las restricciones físicas a su libertad individual que anularon su personalidad jurídica como individuos.
Luego de la determinación de la correspondencia respecto de los hechos, el Tribunal para la Paz ordenará una audiencia de verificación, en la que participarán las víctimas acreditadas del Caso 01, el Ministerio Público y los comparecientes.
Dentro de este último grupo se hallan Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda.
Esta audiencia, precisó, será un espacio judicial para que la Sección verifique que se cumplen la contribución a la verdad y la forma de reparación, en el marco del Sistema Integral para la Paz; y en cuya base se determinará la duración de la sanción propia que la conforma el componente de restricción de derechos, libertades y el restaurativo.
Estas sanciones oscilarán entre los cinco y ocho años, y serán comprobadas y monitoreadas por la Sección con la participación de Naciones Unidas, apuntó.
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