Se trata de la demanda presentada el pasado 18 de marzo por la Cámara de Comercio de Guayaquil, al considerar que la Asamblea Nacional (parlamento) se extralimitó en sus funciones al crear nuevos impuestos con la aprobación de la Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno.
Con la acción, el presidente del gremio, Miguel Ángel González, señaló que el objetivo es declarar la inconstitucionalidad de la Ley con efectos retroactivos.
Desde el pasado 1 de abril, los ecuatorianos pagan una nueva tarifa del IVA en unos 208 productos de la canasta básica, en medio de una nueva ola de violencia e inseguridad.
La medida, decretada por el presidente Daniel Noboa, establece el alza de impuestos del 12 al 15 por ciento como una iniciativa para recaudar los recursos suficientes para afrontar los operativos militares y policiales en el marco del conflicto armado interno, según el mandatario.
En una entrevista reciente ofrecida al canal de televisión RTS, el gobernante minimizó el impacto de la subida del gravamen, al considerar que alimentos de la canasta básica, medicinas, educación y transporte público no resultarían afectados.
Sin embargo, días después de aprobada la iniciativa el jefe del Ejecutivo estableció el aumento de precios del gas de uso doméstico y de los combustibles.
En opinión del profesor de la Universidad Central de Ecuador Paúl Córdova, la declaratoria de conflicto armado interno sirvió como instrumento de política económica, con la elevación del IVA, y no como política de seguridad.
Por su parte, el economista Marcos Flores, alertó que el aumento del IVA en Ecuador reduce el poder adquisitivo de los ingresos y vuelve al país más caro y menos competitivo.
De acuerdo con el experto, con el incremento de los impuestos al 15 por ciento, los pobres y personas con menores ingresos son los mayores perjudicados.
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