El organismo, según el Decreto Ejecutivo 254, será de «naturaleza asesora» y «no sustituye las atribuciones y funciones que la Constitución y las leyes le otorgan a las distintas instituciones de los sectores energéticos, en los ámbitos de la seguridad pública, social y ambiental».

No obstante, en redes sociales, economistas, políticos y ciudadanos alertan que ese puede ser un paso previo al alza del valor de los combustibles en esta nación andina, donde ya esos valores subieron desde el 1 de abril con el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Entre las atribuciones del Comité está elaborar propuestas para establecer un esquema de distribución y estabilización de los precios de los combustibles fósiles que proteja a la población y a la economía de las fluctuaciones de los precios internacionales.

El gobierno de Noboa mueve las fichas para eliminar el subsidio a los combustibles y cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó el economista Pablo Dávalos, quien advirtió que “el conflicto social, al parecer, es inevitable”.

El pasado 25 de abril, Ecuador anunció que llegó a un acuerdo técnico con el FMI para obtener un nuevo crédito por cuatro mil millones de dólares.

Al respecto, el economista Marco Flores indicó que el nuevo préstamo servirá para pagar al propio organismo internacional parte de los ocho mil millones de dólares que el país le debe a esa entidad.

La problemática para las familias ecuatorianas viene con el cumplimiento de las condiciones que exige el FMI y que piadosamente denomina «programa de políticas económicas y reformas estructurales», subrayó Flores al referirse a “las condiciones de fuerte impacto social que aplauden y profundizan los neoliberales criollos”.

En ese sentido, avisó que lo próximo sería elevar el precio de venta de los combustibles.

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