La Asamblea Nacional (Parlamento) solicitó respuestas del Ejecutivo ante las denuncias de los habitantes de esa zona costera sobre la tala del manglar del Esterillo Oloncito para construir una urbanización a cargo de la empresa Vinazin S.A., de la cual Valbonesi es la accionista principal.
Para hoy están llamados cinco ministros a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea.
Los citados a la mesa legislativa este miércoles son la ministra de Ambiente, Sade Fristchi; Roberto Luque, de Obras Públicas y encargado de la cartera de Energía y Minas; la titular del Interior, Mónica Palencia; Nielsen Olsen, de Turismo; y Gian Carlos Loffredo, de Defensa.
Medios locales y organizaciones defensoras del medio ambiente indican que el Ministerio que lidera Fritschi autorizó el proyecto urbanístico en el área declarada en 2001 como “bosque y vegetación protectores”.
En entrevista con el medio BN Periodismo, Roberto Palacios, de la Fundación Ecológica Oloncito, criticó que están afectando la vegetación en una franja de 10 o 15 metros con la anuencia de las autoridades ambientales y con el argumento de que esas tierras son propiedad de la empresa Vinazin.
Esa entidad planificó el proyecto denominado Echo, que consiste en un conjunto de cuatro edificios con distintas plantas cada uno e incluiría áreas sociales, verdes, parqueos de visitas, vías de llegada, acceso a la playa, entre otras obras.
Además, activistas denunciaron que el ministro Luque es uno de los accionistas de la compañía Geosísmica, a cargo de los estudios para la edificación de la urbanización, y que la hija de Palencia tramitó los permisos para las obras.
Ante las protestas de los moradores, este martes llegaron al lugar oficiales de la Unidad de Mantenimiento del Orden y del Grupo de Operaciones Especiales.
Legisladores del movimiento Revolución Ciudadana exigieron la inmediata suspensión del proyecto y el inicio de una investigación exhaustiva sobre las irregularidades y las conexiones políticas que han facilitado esta atrocidad.
“El uso indebido de la consulta popular y la represión policial contra los defensores ambientales y comuneros locales, evidencia un abuso de poder que no podemos tolerar”, subrayó la organización política en referencia a la presencia de uniformados en la zona.
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