Al mismo tiempo, diversos analistas consideran posible que la crisis se agrave hasta poner fin al gobierno de Dina Boluarte, como señalaron los exparlamentarios Richard Arce y Luis Roel, mientras el vocero presidencial descartó tajantemente la posibilidad de que la mandataria renuncie.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, consideró inviable el reclamo del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, planteado ayer en un mensaje de video, tras el cual abrió una investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte y al ministro del Interior, por anular la norma que asignó el equipo policial a la citada fiscalía.
La vertiginosa sucesión de acciones de uno y otro lado comenzó la noche del jueves, cuando el Ministerio del Interior anunció la medida de desactivación del grupo policial, cuyo líder, el coronel Harvey Colchado, fue relevado en abril último.
Pese a la medida gubernamental, la unidad policial respaldó la detención del hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, y del abogado de Boluarte, Mateo Castañeda, como presuntos integrantes de una organización criminal encabezada por el primero.
“No lo veo probable” dijo Adrianzén sobre la exigencia del fiscal Villena y argumentó que la creación del grupo especial a órdenes del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder careció de legalidad.
Insistió en la versión del ministro del Interior,Walter Ortiz, quien es investigado junto a la presidenta, de que el grupo especial, además de ser ilegal, duplicaba las tareas de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad.
Críticos de la medida sostienen que la desactivación del grupo policial, que el Ejecutivo sostiene es una medida meramente administrativa, fue en realidad una decisión desesperada, ante la inminencia de la redada en la que fueron apresados Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda.
Entre los fundamentos de la operación, destaca la acusación de que el jefe del grupo especial y de la Diviac, coronel Franco Moreno, fue llamado por Boluarte -directamente y obviando el procedimiento de hacerlo a través del ministro Ortiz- para que le informe sobre la inminente detención, aunque Adrianzén negó presiones a la Policía.
El hermano de la jefa de Estado es indagado por usurpación de funciones, debido a que habría influido en nombramientos de autoridades locales de diversas regiones para que apoyen la organización de un partido oficialista y para fines corruptos.
El caso del hermano pone también en posición incómoda a la mandataria, debido a que defendió reiteradamente y con vehemencia ante las denuncias periodísticas que denunciaron sus actividades.
Castañeda, por otra parte, es acusado de ofrecer prebendas a dos altos oficiales del equipo especial para que archiven investigaciones a Boluarte, sin saber que los policías solo simulaban estar dispuestos a aceptar y, según trascendió, grabaron en audios y videos los ofrecimientos.
El abogado que defiende a Boluarte en la investigación por la posesión de relojes y joyas de alto costo no declaradas, lejos de negar el intento de cohecho, declaró que fue víctima de una celada del coronel Colchado.
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