Los regidores de los territorios más poblados del país, la caribeña provincia de Colón, Diógenes Galván; de Panamá, Mayer Mizrachi; y en la populosa localidad capitalina de San Miguel, Irma Hernández, fueron los primeros en pronunciarse contra la llamada descentralización, fondos que deberían destinarse a inversión y sin ningún tipo de discrecionalidad, señalaron.
En la administración de Laurentino Cortizo , que concluye este 1 de julio, la distribución de esos recursos desencadenó el reclamo ciudadano, ante lo que ocurrió con la conocida “descentralización paralela”, cuando se ordenaron pagos por más de 200 millones de dólares a 473 de las 679 juntas comunales del istmo, fuera del esquema legal establecido.
Los corregimientos más favorecidos fueron aquellos donde dominaba el Partido Revolucionario Democrático, que sufrió un revés histórico en las urnas el pasado 5 de mayo, con lo que se espera el fin a una estructura paralela de reparto de dinero, patrocinada por el Ejecutivo y sus diputados.
A juicio de Hernández, ejecutarán todos los mecanismos de participación ciudadana para que sean las comunidades quienes decidan cómo se invierten los fondos.
Mientras, en la capital del país, el equipo de Mizrachi explicó al diario La Prensa el proyecto de eliminar el decreto que permitió que se usaran más fondos en funcionamiento que en inversión y transparentar las cifras que se deben transferir al municipio.
Mientras Galván subrayó que el 80 por ciento de esos fondos deben ser administrados por los representantes de corregimiento a través de los proyectos aceptados e impulsados por las juntas locales, en coordinación con las comunidades.
También en la occidental provincia de Veraguas, el flamante alcalde Eric Jaén adelantó que realizarán cabildos para que la comunidad diga la obra que quiere a través del presupuesto asignado.
También desde la ciudad de David (Chiriquí), el alcalde electo Joaquín de León, estimó que la descentralización debe considerar la consulta pública como la principal herramienta de consenso con la ciudadanía, para que esos fondos se usen en proyectos.
En este mandato 2024-2029, además abogó por fiscalizar el uso de los recursos a partir de un proceso de rendición de cuentas.
oda/ga
