A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que el documento remitido por el mandatario responde a las nueve preguntas que tuvieron la aceptación ciudadana, sobre temas de seguridad y reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Las propuestas del jefe del Ejecutivo contemplan el incremento de las penas en los delitos de terrorismo, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividades ilícitas de recursos mineros.
También se refieren al cumplimiento total de las penas de las personas privadas de la libertad dentro de las cárceles, establecer como delito la tenencia o porte de armas y destinarlas junto a explosivos y otros artefactos utilizados en delitos a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas.
Desde este martes, el Legislativo tendrá 60 días para debatir y aprobar las reformas legales.
El pasado 8 de mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó los resultados definitivos de la consulta popular y referéndum, que reflejaron la preocupación ciudadana ante la inseguridad, por encima del apoyo a la propuesta de Noboa.
En la jornada electoral que concluyó con un 72 por ciento de participación, los ecuatorianos aprobaron nueve preguntas referentes a cuestiones de seguridad y rechazaron dos relacionadas con el trabajo por horas y el arbitraje internacional.
En opinión del economista Alberto Acosta, se impuso la defensa de la soberanía nacional y de los derechos laborales, y también el miedo que provoca la creciente inseguridad, que no encontrará una salida con más represión y populismo penal.
Expertos en materia jurídica consideran que a partir de este momento Noboa no tendrá excusas para poner freno a la inseguridad, aunque alertan que la implementación de las propuestas de la consulta no servirán de mucho si no se adoptan medidas de corte social para disminuir la desigualdad.
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