Al frente de la cartera de Seguridad, que cobija a la Policía Nacional y los servicios de Fronteras, Migración y Aeronaval, anunciaron a Frank Ábrego, quien enfrentará la crisis migratoria y el crecimiento de esos flujos, aunque la medida ya fue adelantada por Mulino: cerrar la selva de Darién en la frontera con Colombia y deportar a sus países de origen a los caminantes ilegales.
De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Migración, hasta la fecha cerca de 150 mil migrantes irregulares habían ingresado al país a través de esa vía este año.
De otra parte no menos preocupante está el crecimiento de la inseguridad ciudadana y el choque de pandillas asociadas al crimen organizado, según denuncias de organizaciones sociales.
Otra de las más cuestionadas carteras, el Ministerio de Economía y Finanzas, la asumirá Felipe Chapman, banquero y asesor de inversiones, gerente general y presidente de la Bolsa de Valores de Panamá y de la Central Latinoamericana de Valores.
El economista de profesión ha manifestado a lo largo del último año y en estos meses de 2024 los retos que afronta el istmo para recuperar la confianza de los mercados, reducir el gasto público, aumentar los ingresos y a la vez hacer frente a los compromisos con acreedores internacionales y locales.
Panamá registra menor crecimiento económico, estimado para este año en 2.5 por ciento , una deuda pública cercana a los 50 mil millones de dólares, una plantilla estatal abultada y la merma en los ingresos tributarios.
Los movimientos populares recuerdan en las redes sociales que Chapman ha impulsado reformas paramétricas en la Caja de Seguro Social (CSS) como aumento de la edad de jubilación de mujeres y hombres, incremento de las cuotas, disminución de las pensiones y privatización de los fondos de los asegurados.
También lo asocian a reformas antiobreras al Código de Trabajo y en liberar las profesiones, asimismo es partidario, aseguran del incremento de impuestos (reformas tributarias más regresivas, es decir, que los pobres paguen más que los ricos), despidos masivos en el sector público y recortes a ayudas sociales mientras se fomentan incentivos fiscales o subsidios a las grandes corporaciones y empresarios.
Se conoció además que el abogado y economista Javier Martínez Acha fue designado por Mulino como ministro de Relaciones Exteriores.
Durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), fungió como secretario del Consejo Nacional de Seguridad y es hermano de Valentín Martínez, uno de los condenados por blanqueo de capitales en el caso New Business.
Martínez Acha tiene una licenciatura en ingeniería industrial y ciencias económicas de la Universidad de Texas (Estados Unidos).
Entre los retos de la cancillería analistas aprecian la necesidad de fortalecer la estrategia del país para atender los flujos migratorios a través de Darién, consolidar la carrera diplomática, la gestión de su posición estratégica como centro logístico y financiero, la diversificación de sus relaciones comerciales y diplomáticas, buscando un equilibrio entre los intereses de potencias globales como Estados Unidos y China.
Para dirigir el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Mulino escogió a la dirigente del partido Alianza, Jackeline Muñoz.
Las centrales obreras de Panamá reclaman con frecuencia a esa institución que intervenga para que cesen los despidos masivos y la violación de contratos colectivos de trabajo, se respete la libertad sindical y adopte políticas públicas que acaben con la informalidad en el mercado laboral.
Mientras, el empresario José Ramón Icaza asumirá el Ministerio de Asuntos del Canal de Panamá, pieza clave para que el Ejecutivo encare la crisis hídrica por la que atraviesa la vía interoceánica y tome decisiones respecto a la ejecución de un proyecto que garantice agua para el consumo humano y el tránsito diario de las embarcaciones, reducido debido a la intensa sequía.
Trascendió también que Fernando Boyd, doctor en cirugía dental y especialista en periodoncia, será el ministro de Salud, quien deberá enfrentar serias carencias en la producción y distribución de los medicamentos, así como sus altos precios, además de denuncias por falta de galenos y suspensión de consultas para pacientes que padecen enfermedades crónicas.
Con el 34,2 por ciento de los votos válidos, Mulino triunfó en elecciones generales, una candidatura que para muchos estuvo avalada por el exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014) condenado ahora a más de 10 años de cárcel por lavado de dinero.
Más del 60 por ciento del electorado adversó al flamante mandatario, algo que deberán tener en cuenta las nuevas autoridades, según analistas.
El proceso de transición comienza el próximo 3 de junio y el 1 de julio será la toma de posesión del nuevo jefe de Estado para el mandato 2024-2029.
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