Durante una movilización de ese sindicato frente a la sede de la multinacional Techint (productora de acero) en esta capital, Aguiar aseveró que el plan económico de la actual gestión está destruyendo la vida de todos los ciudadanos y señaló que es en empresas de ese tipo donde se toman las verdaderas decisiones.
El superávit fiscal que anuncia el Gobierno es falso. Demandamos la inmediata convocatoria a paritarias (negociaciones) y un aumento salarial que en una sola cuota permita recuperar todo el poder adquisitivo perdido desde que asumió La Libertad Avanza, afirmó.
Además, indicó que una reforma laboral incluida en la llamada Ley Ómnibus es absolutamente regresiva y recuerda a la década de los años 1970 cuando los gobiernos de facto pretendieron echar a los trabajadores.
La protesta de esta jornada fue acordada durante un plenario con la participaron de más de mil delegados de todo el país, quienes definieron también realizar una movilización cuando sea votado ese paquete de normativas en el Senado.
ATE condena las políticas de ajuste implementadas por el Ejecutivo, la pulverización de los salarios y jubilaciones, el desmantelamiento de áreas completas del Estado, el cierre de organismos y programas esenciales para la promoción y protección de derechos, el despido de trabajadores sin justificación y el incremento exponencial de la pobreza y la indigencia.
Además, denuncia “los ataques a la salud, la educación, la ciencia, la cultura y el bienestar humano; la destrucción de la producción y la pequeña y mediana empresa, la eliminación de subsidios y políticas de protección; la entrega de la soberanía nacional regalando los recursos naturales y áreas estratégicas”.
También se pronuncia en contra del proyecto Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ómnibus), el cual otorga facultades durante un año a Milei bajo el pretexto de la declaración de una emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética.
Por otra parte, la organización sindical demanda la anulación de un protocolo antiprotestas y del decreto de necesidad y urgencia 70/23, el cual reforma o elimina más de 300 normativas.
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