Según “El panorama de la penalización”, parte inicial del primer Informe sobre el análisis mundial de los delitos que afectan al medio ambiente presentado en Viena, los esfuerzos para prevenir tales infracciones y sancionar a los autores son obstaculizados por las diferencias en las normativas legales existentes entre regiones.
El estudio abarca nueve áreas de delitos relacionados con la naturaleza: deforestación y tala, contaminación acústica, pesca, gestión de residuos, protección de la fauna y flora silvestres, contaminación del aire, el suelo y los residuos.
La pesquisa mostró que no menos del 85 por ciento de los Estados miembros de la ONU tipifican como delito aquellos contra la fauna y flora silvestres.
Al menos el 45 por ciento de los países imponen penas de cuatro o más años de prisión por algunos delitos contra el medio ambiente, lo que los clasifica como delitos graves según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, una norma universalmente reconocida.
Al presentar el texto, Angela Me, directora de investigación y análisis de la Unodc, aseveró que, pese a que el examen mostró avances a nivel global en dichas legislaciones, estas y su aplicación continúan siendo desiguales, lo que genera “oportunidades para que los grupos delictivos exploten las lagunas en las respuestas”.
La fauna y flora silvestres y los residuos son los ámbitos en los que la mayoría de los países incluyen al menos un delito penal relacionado en su legislación nacional.
En contraste, la contaminación del suelo y acústica son las áreas en las que menos países cuentan con disposiciones penales.
De acuerdo con los expertos, el nivel de penalización y las sanciones varían según el país y la región.
Por ejemplo, en Oceanía, el 43 por ciento de las naciones consideran la pesca ilegal como un delito grave (que conlleva cuatro o más años de cárcel), mientras que en Europa sólo el dos por ciento lo clasifica como tal.
Por su parte, 12 de los 18 países de África Oriental consideran graves los delitos contra la vida silvestre.
África y Asia tienen el porcentaje medio más alto de Estados miembros con penas que se ajustan a la definición de delito grave, lo que indica que la legislación no es necesariamente débil, sino que hay una falta de aplicación.
La investigación puso a relieve además las discrepancias en la aplicación de las normativas jurídicas a los particulares frente a las empresas, las que a menudo se libran de las multas, en tanto los primeros pueden enfrentarse a penas de prisión.
Los especialistas sugieren mejorar la legislación con aspectos dirigidos a la confiscación de los medios utilizados para cometer el delito o de los beneficios obtenidos, aumentar las penas y ampliar el uso de herramientas de cooperación internacional como la extradición o la asistencia judicial recíproca.
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