Según una nota oficial difundida en medios de prensa del poder ciudadano, lo anterior se estipula en el artículo 44 de la constitución política nicaragüense, que prohíbe la confiscación de bienes.
El texto señaló que el Estado ha recuperado legalmente para el pueblo, propiedades derivadas de procesos penales por narcotráfico, lavado de dinero, por la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, soberana, y el bien de la paz y el buen vivir de las familias nicaragüenses.
Además, por resoluciones que en sede administrativa se emitieron por incumplimiento de la legislación que regula a los organismos sin fines de lucro.
“En otras situaciones lo que ha prevalecido es la restitución del Estado sobre propiedades que particulares usufructuaban indebidamente mediante subterfugios legales”, subrayó.
El comunicado mencionó el artículo IV de la Carta Magna referente a los derechos individuales, deberes y garantías del pueblo, y explicó que las propiedades transferidas y devueltas al Estado se destinaron para beneficio de la población.
Al respecto, destacó la materialización de programas especializados de salud y atención a enfermedades degenerativas, mayor atención frente a la discapacidad con más incorporación a la vida digna; así como más programas de todas las modalidades de educación universitaria, tecnológica, enseñanza básica, media, formal y a distancia.
De igual modo, resaltó la ejecución de más proyectos de viviendas, carreteras, puentes, caminos, calles, mercados, parques, arte, cultura, identidad nacional, instalaciones deportivas y mejor transporte público, financiamiento para las formas de producción, consumo o comercio, exportación y seguridad alimentaria, entre otros. “El Estado de Nicaragua restituyó los bienes anteriores a favor del pueblo por ser el más afectado por las acciones delictivas y de incumplimiento de algunas personas naturales o jurídicas que transgredieron las normas internas del país”, concluyó.
oda/ybv
