En una conferencia de prensa este miércoles, a la que asistieron campesinos afectados por las sanciones de
l Ejecutivo, los participantes calificaron de injusta la sentencia impuesta por el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, a tres años de privación de libertad y cuantiosas multas .
Hoy nos encontramos criminalizados por la empresa minera y el sistema judicial por defender el agua y nuestros recursos naturales, reiteró Luis Borja, uno de los defensores de la naturaleza acusado.
Por su parte, Luis Caiza, involucrado también en ese proceso, denunció la persecución del estado ecuatoriano y las empresas mineras por la lucha contra la minería y la defensa de los recursos que son patrimonio en el país. “Recursos que también son imprescindibles para la economía”, manifestó.
Entretanto, el excandidato a la Presidencia de la República y defensor ambiental, Yaku Pérez, reclamó que a esos campesinos los están criminalizando sin pruebas.
Por eso hemos presentado un recurso de apelación ante la Corte Provincial de Justicia de Bolívar y ante organismos internacionales, como los comisionados de Naciones Unidas, dijo.
De igual manera, los asistentes al encuentro denunciaron que el proyecto minero Curipamba-El Domo diseñado para explotar un depósito de cobre y oro, ubicado en el cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar es gestionado por las empresas canadienses Adventus Mining Corporation y Luminex Resources.
En este sentido, demandaron además que, como parte de sus accionistas, tiene a la familia del presidente Daniel Noboa, mediante su corporación Nobis Holdings de Inversiones.
El pasado 13 de mayo, expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendaron a las autoridades de Ecuador garantizar las consultas ambientales en proyectos mineros, cumpliendo con las normas de Derechos Humanos.
En un comunicado del organismo internacional donde sugiere al Ejecutivo de esta nación sudamericana que los procesos de consulta y participación en el contexto de los proyectos mineros deben estar en consonancia con las normas internacionales.
Asimismo, alertaron que el mecanismo de consulta debe proporcionar un espacio para el diálogo con todas las partes potencialmente afectadas, que deben estar plenamente informadas antes del inicio de cualquier proyecto.
Los expertos de la ONU, advirtieron que varios pueblos indígenas y comunidades afectadas han sido excluidas de los procesos de consulta ambiental.
Entre ellas -reveló el documento- se encuentran las personas residentes de las parroquias de Las Pampas y Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi y el cantón de Las Naves, provincia Bolívar, afectadas por proyectos mineros de empresas de capital canadiense.
Más de 70 personas defensoras de los derechos humanos en Ecuador, incluidos líderes indígenas, han sido acusadas penalmente por oponerse a estos proyectos y criticar la forma en que se están celebrando las consultas.
En reiteradas ocasiones la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) ha denunciado la estrategia del Gobierno y las transnacionales mineras de hostigar y perseguir a las comunidades que se oponen a la explotación minera de su territorio.
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