La entidad no gubernamental sin fines de lucro agrupa a más del 50 por ciento de las iglesias evangélicas de la isla en el esfuerzo de propiciar espacios de encuentro y acciones de las iglesias y otras instituciones cristianas, para desarrollar su vocación social.
En la actualidad cuenta con 28 denominaciones miembros plenos, además de 14 centros y movimientos ecuménicos, que conforman un total de 42 instituciones integrantes, a lo que se añaden otras nueve en la condición de Asociados fraternales.
Legalmente establecido y reconocido con personería jurídica propia en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia de la República de Cuba, el CIC marcha en sintonía con el país en la búsqueda de su sostenibilidad, el desarrollo de acciones de servicio social, y el rescate de valores.
Impulsa, asimismo, el diálogo con todos los actores de la sociedad, y en sus vínculos con ésta en pos de ofrecer mejores servicios a la comunidad, con las garantías legales que le confiere la Constitución de la República.
La Carta Magna establece, como responsabilidad de su Estado laico, el reconocimiento, la garantía y el respeto a la libertad religiosa, e instituye que las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración.
En su artículo 57 garantiza el derecho de toda persona a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia, con el debido respeto a las demás y de conformidad con la ley, al tiempo que protege contra conductas relacionadas con cualquier tipo de discriminación por esa causa.
En tal sentido, el nuevo Código Penal prevé sanciones para quienes impidan o perturben la libertad de cultos, incluso si se tratara de funcionarios públicos en abuso de sus cargos, y tipifica como delitos de incitación a la violencia inminente por motivos de religión o de creencias.
Las instituciones y organizaciones religiosas desarrollan en Cuba sus actividades sociales, la formación de su personal, el nombramiento de su jerarquía, y sus movimientos dentro y fuera del país con total independencia y autonomía, y sus necesidades y opiniones son atendidas de forma directa por la dirección del Estado y Gobierno.
Con ese propósito, se sostienen diálogos sistemáticos con todas las denominaciones religiosas, sin distinción alguna en un marco de unidad, hermandad, solidaridad y respeto mutuos.
Ello es resultado del pleno disfrute del derecho a la libertad religiosa y el combate a la intolerancia los estereotipos negativos y la estigmatización basada en la religión.
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