El secretario de Estado para Trabajo y Seguridad Social, Pedro José Filipe, declaró a la prensa que durante las negociaciones de este martes alcanzaron un acuerdo que deberá figurar hasta el 2027, donde se definió un incremento del salario de la función pública del 25 por ciento a implementarse el próximo año.
“Este acuerdo tenía esencialmente cinco cuestiones estructurantes: la primera tenía que ver con la actualización del salario de la función pública”, explicó, y agregó que en vísperas de la preparación del presupuesto general del Estado hasta 2027 volverán al diálogo con las partes para ajustar el formato salarial de los próximos años.
Mencionó que se definieron los principios generales para el establecimiento del salario mínimo nacional, asunto en el cual prevaleció el consenso de fijarlo en 70 mil kwanzas (alrededor de 82 dólares), si bien esto debe ser llevado al Consejo Nacional de Concertación Social.
Significó que evaluaron que las microempresas y start up avanzaran con un salario de 50 mil kwanzas (unos 58 dólares), mientras las entidades que ya remuneran a sus trabajadores con 70 mil kwanzas tendrán un periodo de dos meses a un año para hacer la introducción progresiva hasta llegar a 100 mil kwanzas (117 USD).
Por otro lado, acotó, las empresas que están por debajo de este nivel tendrán dos años (24 meses) para alcanzar esa cota de 100 mil kwanzas.
Otros asuntos recogidos en el acuerdo fueron la participación de los sindicatos en la comisión que en los próximos 90 días valorará el actual modelo de categorización municipal para la entrega de subsidios, así como la inclusión de representantes obreros en el Consejo Fiscal del Instituto Nacional de Seguridad Social.
El secretario de Estado explicó que las centrales sindicales reclamaban mayor acceso a información y transparencia de las cuentas del Instituto Nacional de Seguridad Social, por lo que se consideró esta inclusión, además de evaluar entre las alteraciones legislativas pendientes, la implementación de la presidencia rotativa del Consejo.
Agregó que está en curso un estudio sobre el impuesto por rendimiento de trabajo, que era otro de los reclamos, y precisó que los representantes sindicales serán incluidos en esas discusiones técnicas con el objetivo de viabilizar una posible alteración del modelo en vigor.
De forma general consideró que las negociaciones fueron un ejercicio de paciencia y de mucha responsabilidad de las partes, que mediante el diálogo pudieron llegar a un consenso.
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