La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Lady Camones, informó que el tema no fue tratado este miércoles en la sesión del grupo, pese a su trascendencia, debido a que la agenda de la reunión no lo incluía.
Dijo que la denuncia llegó ayer a la subcomisión y el documento, de más de 80 páginas, que ha circulado públicamente desde hace dos días, será puesto en conocimiento de la subcomisión el venidero 4 de junio.
La decisión del grupo congresal es decisiva, pues puede rechazarla, y si la acepta, encargará a parte de sus miembros un informe que, si fuera aprobado, pasará a la Comisión Permanente, que agrupa a representantes de las 13 bancadas.
La comisión decidirá a su vez si acusa o no a la mandataria por el delito de cohecho, abriendo el camino a su juzgamiento y dejará la decisión en manos del pleno de 130 legisladores, donde miembros del bloque conservador mayoritario adelantaron el rechazo a la posibilidad de que Boluarte pueda cesar en el cargo por ello.
También juristas conservadores, como el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez, se ciñen a la posición del Gobierno, de que se debe aplicar el artículo constitucional que establece que los presidentes solo pueden ser juzgados por delitos de extrema gravedad acotados, como el de traición a la patria.
Tal precepto se interpretó para que el entonces mandatario Pedro Castillo sea investigado, lo cual sentó el precedente de que los jefes de Estado pueden ser indagados y la inmunidad solo impide acusarlos judicialmente.
Existe la posibilidad de que el pleno considere válida la denuncia, pero no la acusación inmediata en los tribunales y deje pendiente la acusación y el proceso a Boluarte para cuando cumpla su mandato, en 2026.
De otro lado, algunos comentaristas de radio y televisión e internautas criticaron al primer ministro Gustavo Adrianzén y al titular de Justicia Eduardo Arana, por lo que consideran declaraciones amenazantes contra el Fiscal de la Nación.
Adrianzén acusó a los fiscales de acoso contra la presidenta Dina Boluarte y dijo que el Gobierno no va a permitir esa actitud, en tanto, Arana sostuvo que, al no acatar la disposición constitucional de inmunidad presidencial, la Carta Magna es inaplica.
“Lo que está haciendo es también injuriar los parámetros y los principios de la constitución y en este caso está incurriendo en una infracción constitucional. Este hecho, que vulnera el espíritu y los principios de protección a la institución presidencial, debe ser valorado en su oportunidad”, expresó Arana.
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